Posiblemente, pocos temas se han posicionado en la agenda del debate público como aquel que refiere a las profundas desigualdades de México.
En este sentido, la evidente disparidad de condiciones socioeconómicas entre diversas regiones del país, principalmente la zona sur-sureste, ha sido central en la construcción del discurso de conducción política del próximo gobierno. Sin embargo, la estrategia para nivelar el desarrollo regional en el país debe ser amplia e incluir a los agentes públicos y privados de manera sostenible y con visión de largo plazo; de lo contrario, será difícil alcanzar el objetivo planteado.
La urgencia de acciones específicas para el desarrollo de ciertas regiones del país es evidente. Para 2016, cuatro de los cinco estados que registraron una contribución negativa o nula al crecimiento del PIB nacional se encuentran en la región sur-sureste del país (Campeche, Tabasco, Oaxaca y Chiapas). Adicionalmente, la tasa de crecimiento promedio de estos cuatro estados en el período 2004-2016 fue apenas de 0.27%, mientras que la media nacional en el mismo período fue de 2.4%.
Es crucial generar un conjunto de agendas que centren su foco de acción en el desarrollo estatal-regional de las regiones más atrasadas. Lo anterior, no como proyectos federales o nacionales que omitan las particularidades de cada zona específica, sino en una dinámica de diálogo constante con los actores del gobierno, la sociedad civil, la Iniciativa Privada y la sociedad en general, que perciben las problemáticas de sus comunidades manera cotidiana. Estas agendas deben promover la consecución de objetivos basados en un proceso profundo de diagnóstico bajo una perspectiva regional, prospectivas de corto, mediano y largo plazo con un carácter transexenal que permita aprovechar su conocimiento y experiencia.
En este contexto, las agendas de desarrollo regional pueden jugar un papel de planificación crucial para incrementar la eficiencia de los logros alcanzados por la presente administración, ejemplificados en el diseño e implementación de las Zonas Económicas Especiales, adicionado al paquete de políticas económicas que la administración entrante busca implementar en materia de infraestructura y programas sociales. Éstos últimos, por el elevado monto de su operación, como es el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que estima su costo anual en 110 mil millones de pesos, requieren de un ambiente de planeación que fortalezca su operación a nivel regional y se focalice en las vocaciones productivas de mayor potencial de desarrollo en las distintas zonas del país, evitando de esta manera que el programa se convierta en una carga adicional al ejercicio de las finanzas públicas del país.
Adicionalmente, de nada serviría la identificación de vocaciones productivas sin el desarrollo de un sistema educativo de calidad como parte central del desarrollo de la zona sur-sureste. Para lograr este objetivo es necesario liberar a la educación del componente político en el que se encuentra inmerso actualmente y atender sus necesidades más apremiantes, principalmente en la zona sur-sureste del país, como: mejorar e incrementar la infraestructura educativa, impulsar la contratación de profesores capacitados, garantizar transparencia en los procesos de asignación de recursos y plazas y tener una visión estratégica del desarrollo educacional de largo plazo, incluyente y que pueda adaptarse a las nuevas habilidades que demandará el mercado laboral.
En el ámbito de planificación, las agendas de desarrollo regionales tendrían que estar alineadas no sólo con el nuevo Plan de Desarrollo 2019-2024, sino con los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030, para que de una vez por todas se elimine la lógica de estructuración económica sexenal y el retroceso en este tipo de proyectos que atestiguamos cada seis años. Este proceso no se dará simplemente con la ejecución de programas de infraestructura aislados y con una viabilidad ambiental, social y económica que hasta ahora no ha sido explicada de forma contundente.
Por otra parte, también es necesaria la congruencia entre los diversos planes de desarrollo de la administración entrante, por ejemplo, la consolidación de la zona franca -disminuciones en IVA e ISR- en el norte del país pone en vilo la viabilidad de los proyectos económicos y de zonas económicas especiales en el sur-sureste.
A todos nos conviene el desarrollo integral de México, tanto por las potencialidades para dinamizar el mercado interno, como por el incremento de la competitividad y la diversificación de productos que implicaría en la estrategia de comercio exterior mexicano. Este último punto resulta crucial dada la hostil coyuntura comercial que prevalece en el mundo y que nuestro mismo país ha vivido los últimos dos años.
