La familia del general Franco reitera que la exhumación de los restos de su abuelo, cuyo régimen militar gobernó España desde 1939 hasta su muerte, es 'en contra de la voluntad de sus descendientes'. (ARCHIVO)
Los nietos de Francisco Franco solicitaron hoy al Defensor del Pueblo la impugnación del decreto de ley aprobado por el Gobierno español para iniciar el proceso legal de exhumación de los restos del dictador del polémico Valle de los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado desde su muerte en 1975.
En un escrito al que tuvo acceso Efe, los siete nietos de Franco instan al Defensor del Pueblo a recurrir ante el Tribunal Constitucional español el decreto aprobado por el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez el pasado 24 de agosto.
La familia del general Franco reitera en el escrito que la exhumación de los restos de su abuelo, cuyo régimen militar gobernó España desde 1939 hasta su muerte, es "en contra de la voluntad de sus descendientes".
Asimismo, rechaza la forma legal elegida por el Gobierno, un decreto de ley, ya que, asegura, "sólo cabe dictarse" en los casos de "extraordinaria y urgente necesidad".
Se trata, añade el texto, de "una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación".
Antes de conocerse el escrito, Francis Franco, nieto mayor del dictador, ya advirtió de que la familia no facilitará "el juego político" con los restos de su abuelo y que llegará hasta "el último extremo" para defender sus derechos.
A su muerte en 1975, tras encabezar un régimen dictatorial tras una cruenta guerra civil (1936-39), Francisco Franco fue enterrado en un lugar preferente del Valle de los Caídos, complejo monumental que ordenó construir en la sierra a unos 50 kilómetros al norte de Madrid, dominado por una enorme cruz, y cuyo mantenimiento costó los últimos cinco años cerca de dos millones de dólares.
Construido por presos republicanos que hacían así trabajos forzados, el lugar acoge los restos de miles de víctimas de la guerra civil, tanto del bando franquista como de la República, que en 1936 era el sistema político legal en España.
El lugar es objeto de polémica desde hace décadas, sin que haya acuerdo en el debate sobre qué hacer con él ya que la presencia del cadáver de Franco lo convierte para muchos en un símbolo de la dictadura.
