Elecciones. Brasil dio inicio a siete semanas de campaña electoral con la incertidumbre de si Lula da Silva, puede participar. (NOTIMEX)
Con la autorización ayer jueves de realizar actos en las calles del país y propaganda por internet, Brasil dio inicio a siete semanas de campaña electoral que estará marcada por la batalla judicial en la Justicia electoral para determinar si el gran favorito, Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, puede participar.
Horas después de que el Partido de los Trabajadores (PT) formalizara el registro de candidatura en el Tribunal Superior Electoral (TSE), la Fiscalía y un grupo civil presentaron sendas peticiones de impugnación, al entender que Lula da Silva fue condenado y, por tanto, inhabilitado políticamente.
El Movimiento Brasil Libre (MBL), organización de derecha que articuló manifestaciones a favor del juicio a Dilma Rousseff en 2016, presentó la primera petición contra el exsindicalista apenas media hora después de concluir el plazo de registro.
En ella, el activista Kim Kataguiri, candidato a diputado en el estado de Sao Paulo, pide a la Justicia electoral que declare la "ineligibilidad" de Lula da Silva y que le impida tener "tiempo de televisión y de radio" para hacer campaña.
La fiscal general del Estado, Raquel Dodge, indicada por el presidente Michel Temer para asumir el cargo durante su mandato, presentó al TSE un recurso para impugnar el registro de la candidatura del exsindicalista e impedirle también realizar campaña política.
Ello con el argumento de que, según la Ley de Ficha Limpia, que el propio Lula da Silva aprobó durante su segundo mandato, un condenado en segunda instancia por tribunal colegiado no puede ser candidato, pues está inhabilitado por ocho años.
La justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si acepta o no a Lula da Silva como candidato, aunque miembros de la corte indicaron que darán celeridad al asunto.
Líder
Lula lidera todos los sondeos de intención de voto con un 30 %.
⇒ Pese a que está preso cumpliendo una condena en segunda instancia de 12 años y un mes por corrupción,
⇒ Lo que, según las leyes del país, le impide ser candidato a cualquier cargo electivo.
