El llanto y el crujir de dientes
Al fin les llegó (llegará) la verdadera justicia a los encargados de aplicarla, pues la transformación del país va en serio, y lo primero que se requiere para recapitalizar el erario, para cimentar la infraestructura necesaria y suficiente para producir lo que, a precio de oro, importamos, es justo y necesario respetar el Art. 127 (vigente desde 2009) de nuestra Carta magna; artículo corrompido por altos funcionarios y servidores públicos, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes, quienes por un sentido de igualdad mal entendida, sus sueldos eran homologados con sus pares, bajo el argumento de “o todos coludos o todos rabones”, configurándose así una casta superior, en casos, no sólo por los sueldos exorbitantes, sino por las gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones compensaciones y prestaciones por mil y un conceptos y prebendas injustificables.
Mexicanos de primera se consideran a sí mismos, quienes por ocupar una plaza en el gobierno o trabajar eventualmente en éste, por elección o por designación, perciben salarios muy por encima del promedio de los mexicanos, aunque su trabajo no sea diario, sino de momentos, a veces que se alargan hasta por 12 horas, pero aunque algunos simulan trabajar, otros por no saber desempeñar su trabajo o no querer hacerlo personalmente, cargan al erario el pago de un séquito de asesores, quienes finalmente son los que hacen lo que el político debería hacer. Por supuesto que no es el caso de los magistrados de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de Tribunales y juzgados de Circuito, del Consejo de la Judicatura Federal de los Poderes Judiciales estatales; pues no es de dudar que trabajan en lo suyo: las leyes; pero precisamente por ello, deberían ser los primeros en respetarlas, no “olvidando” convenientemente el contenido del Art. 127 constitucional.
Arguyen magistrados y jueces, que sólo con altas remuneraciones se puede evitar que se tuerza la vara de la justicia; esto es, corromperse. Pobre y ridículo argumento, con el que su honorabilidad depende del monto de su sueldo. ¡Inconscientes! No comprenden que hay familias que están pagando una casa a 20 años, con lo que ellos ganan en un mes.
Triste es ver como los encargados de impartir justicia ponen precio a su “honorabilidad”, su ética laboral y profesional, y carecen de valores cívicos, de patriotismo.
Y no me vengan con el cuento que el Poder Judicial es incorruptible, pues de cierto digo, porque me consta, que en los despachos de cualquier nivel no se mueve un expediente si no se unta la mano del “servidor público”, con uno o dos billetes de quinientos. Sólo así, avanza la justicia.
Quienes se oponen a la eliminación de privilegios en materia laboral muestran su lado más pobre de su condición humana. Acumular riqueza es su afán diario; no saben que nada se llevarán cuando haya que partir al viaje sin regreso; mientras tanto, mucha gente muere de hambre o de enfermedades que pueden ser curables en las instituciones de salud pública, pero que no tienen los medicamentos necesarios, ni dinero para comprarlos en farmacia.
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
