Caso. Se llevó a cabo la audiencia constitucional del caso Chemours Laguna. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Tras haberse efectuado la audiencia constitucional en el caso Chemours Laguna, la agrupación civil que promovió el juicio de amparo, Pro Defensa del Ciudadano, confía en que se ordenará la cancelación definitiva de la construcción de la planta en el poblado Dinamita de este municipio.
La diligencia se llevó a cabo después de haberse suspendido en dos ocasiones, con la idea de que tanto la parte promotora del juicio de amparo como la empresa Chemours Company desahogaran todas las pruebas o argumentos a su favor.
Víctor Manuel Pinedo, representante de dicha organización civil señaló que si bien la empresa inició el estudio de impacto ambiental, no lo presentó completo durante este desahogo de pruebas, dado que este elemento estaba pendiente de darse a conocer. Tampoco se acreditó el cambio de uso de suelo ante la instancia federal, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni la propiedad del terreno donde se efectuaba la construcción, pues dicha superficie está a nombre de la compañía Austin Bacis y no de Chemours Company.
En este último aspecto, la agrupación civil sostuvo que la empresa violó el Reglamento de Construcciones, para el que antes de obtener una licencia de construcción se requiere acreditar la propiedad de un terreno.
Pinedo señaló además que no se ha presentado el documento oficial de cambio de uso de suelo expedido por el Municipio, pues solamente se añadió al expediente una certificación firmada por la Secretaría del Ayuntamiento en el cual se confirma la existencia de dicho trámite ante el órgano de gobierno.
Después de que ya se efectuó la audiencia constitucional, se espera que de uno a tres meses el juez federal emita una resolución definitiva en el caso, el cual se inició desde mediados de marzo pasado con la promoción de un juicio de amparo y la suspensión provisional de la construcción de la planta que produciría cianuro de sodio.
A través del juicio 312/2018, el Juez Tercero de Distrito en La Laguna emitió la suspensión definitiva el cuatro de abril y desde entonces, se interrumpió la construcción de la planta que generaría una inversión superior a los 3,000 millones de pesos.
