Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente, asegura que el cambio por emprender arrojará resultados favorables: ahorros en el gasto público, uso racional de los recursos y desarrollo en las ciudades del país que recibirán la mudanza de oficinas públicas.
Los burócratas están en vilo. Sobre su cabeza penden, como espadas de Damocles, cambios drásticos por venir en la estructura y los recursos del gobierno federal.
Habrá austeridad, reestructura y mudanza, lo que significará reducción de salarios y prestaciones extraordinarias para altos mandos, desaparición y fusión de áreas, y traslados de al menos 30 secretarías de Estado y dependencias.
Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente, asegura que el cambio por emprender arrojará resultados favorables: ahorros en el gasto público, uso racional de los recursos y desarrollo en las ciudades del país que recibirán la mudanza de oficinas públicas.
Pero los expertos no están seguros. Ni del éxito de la medida, ni de los propósitos ni de las intenciones. Advierten de fines políticos no explícitos y de todos los factores que deberán encajar para trasladar las operaciones del gobierno federal a otras ciudades.
EXPERIENCIAS EN EL PASADO
Hay antecedentes que proyectan el reto por venir. Como ocurrió con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuando trasladó su sede a Aguascalientes. O con Caminos y Puentes Federales (Capufe), que tuvo que moverse a Cuernavaca luego del terremoto de 1985.
"El cambio del Inegi llevó varios años y fue muy complicada, aun cuando se trataba solo de 3,000 empleados", advierte David Arellano Gault, doctor en administración pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En el caso de Capufe, que sólo tuvo que mover a 1,400 empleados, el costo para la dependencia fue altísimo porque hubo que pagar liquidaciones por arriba de la ley a quienes no quisieron cambiar de ciudad, comprar terrenos, crear un fideicomiso para apoyar a los trabajadores en la adquisición de vivienda y en algunos casos abrir plazas para ofrecer trabajo a las parejas.
Por eso, Arellano Gault advierte que el reto no es fácil. Y menos todavía dimensionarlo porque hay muy poca información disponible para evaluar estas decisiones, que abren espacios a la especulación y la interpretación política.
"Hay mucha especulación porque la información es muy poca", advierte. "No tenemos datos concretos -tal vez ellos (el equipo de López Obrador) sí- sobre un mínimo costo-beneficio o cuánto tiempo llevará el cambio". Tal vez en 4 meses que tomen posesión, espera, explicarán mejor la medida.
El Proyecto de Nación 2018-2024 ofrece algunas pistas. Por ejemplo, prevé un presupuesto de 125,000 millones de pesos para la construcción, equipos, sistemas, mobiliario y mudanza, y 22,805 mdp para evaluaciones y estudios de la viabilidad y costo del traslado.
Hasta allí lo que sabemos, a grandes rasgos, del proyecto de desconcentración más ambicioso de la administración pública federal.
Por lo pronto, empleados de gobierno ya comienzan a analizar sus opciones legales. Entre ellas, la más viable es recurrir el amparo.
Otros, como los trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), enviaron hace unos días una carta a López Obrador, expresándole su rechazo al cambio de sede a Yucatán.
"Hemos sido, sin el menor respeto, desestimados como parte necesaria a considerar en un proyecto de esta envergadura", anota el sindicato en la carta.
Por eso, advierte, "expresamos nuestro más firme y categórico rechazo a la descentralización por los indudables grados de afectación que implican para nuestros compañeros trabajadores del país, ya que traducen un grave perjuicio para ellos y sus familias".
LOS COSTOS DE MUDANZA
La mudanza del sector público implicará un costo en el corto plazo y la ejecución del plan dependerá de cambios legales que tendrá que aprobar el Congreso de la Unión, donde el partido Morena -de López Obrador- será mayoría a partir del 1 de septiembre.
Los datos hasta ahora disponibles están contenidos en el Proyecto de Nación 2018-2024, de López Obrador. Allí se desglosan los costos que significará el cambio de oficinas federales, en los siguientes 6 años.
De acuerdo con los cálculos, el próximo gobierno tendrá que desembolsar 125.000 millones de pesos para mudar las sedes previstas, otros 250 millones para estudios que permitan conocer la viabilidad y los requerimientos de infraestructura de las ciudades receptoras; 1.400 mdp para los primeros "planes maestros" y los proyectos ejecutivos de la primera etapa, y 20.834 mdp en inversiones de obras con participación del sector privado.
Para el financiamiento de tremendo cambio, considera llevar a cabo un análisis de distintos mecanismos financieros. Entre ellos, las llamadas FIBRAS (Fideicomisos para la Inversión de Bienes Raíces), que se capitalizan a través de la Bolsa de Valores, y otras fuentes que no sean préstamos sino capital de riesgo con participación privada.
López Obrador argumenta que la concentración de la mayor parte del gobierno federal en la Ciudad de México significa que 80% de los poco más de 3 millones de empleados de la administración pública vivan en la capital del país y que las empresas también quieran asentarse aquí.
En su plan de gobierno indica asegura que la desconcentración favorecerá la reactivación económica, la generación de empleo y el bienestar de otras regiones.
Respecto de los trámites que cambiarán de sede, confía en que las nuevas tecnologías amortiguarán el cambio al permitir una mejor gestión a distancia.
A pesar de los recelos frente al cambio, López Obrador está firme en la decisión y, por lo pronto, Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública, ya declaró que a partir del 1 de diciembre que asume la nueva administración, él comenzará a despachar desde el estado de Puebla.
Pero no todo es tan fácil como lo pintan. David Arellano Gault, del CIDE, trae a la memoria el reto que significó cambiar las oficinas centrales del Inegi a Aguascalientes.
Esa mudanza, dice, llevó varios años y fue muy complicada. "implicó buscar casas, convencer gente, encontrar espacios, financiar al gobierno estatal que recibió las oficinas, y estamos hablando de sólo 3.000 personas".
En cambio, explica, dispersar completo el gobierno federal en un sexenio, significará mover al menos 300.000 personas. "Solo para tener una dimensión de lo que implica la decisión que se va a tomar y los retos que se asumirá al dispersar a tanta gente, aun cuando se trate de una medida paulatina".
Por eso considera importante pedir una explicación sobre el criterio que prevalecerá para elegir las ciudades que recibirán a las oficinas del gobierno federal. Recurre como ejemplo a las secretarías de Educación Pública y de Turismo. No hay tanta claridad de porqué la primera se va a Puebla, como sí tiene sentido que la segunda se vaya a Quintana Roo (estado donde se encuentra Cancún, uno de los polos turísticos más importantes del país.
"Hasta el momento no hay ninguna explicación de racionalidad y tampoco de eficiencia", dice el experto.
Pero sí hay quien puede prever al menos lo que la desconcentración significará para las autoridades federales y locales.
Angélica Garnica, experta en planeación y políticas metropolitanas, advierte que la mudanza de las secretarías llevaría por lo menos 30 años, debido a las implicaciones sociodemográficas, de inversión pública, infraestructura complementaria y nuevas capacidades territoriales, sociales y profesionales que necesitarán las ciudades receptoras.
EFICIENCIA VS. DESARROLLO REGIONAL
Otro problema a considerar tiene que ver con la necesaria relación que hay entre algunas secretarías y la demanda de trámites ciudadanos. "Ese es otro hueco y me parece, precisamente, que el argumento en el corto plazo no será la eficiencia", dice.
De allí considera que en esta decisión hay "un argumento político válido y otro escondido -y aclaro que sigo especulando-", dice.
El argumento político válido tiene que ver con el desarrollo de las regiones. En ese sentido, la propuesta es: no importa si en el corto plazo hay costos económicos y de eficiencia si en el mediano plazo veremos el desarrollo económico de las ciudades a donde trasladarán las oficinas de gobierno.
"Aun este argumento -aclara- se puede discutir mucho porque la actividad económica no depende del gobierno federal". A pesar de ello, admite que es una meta viable, aunque hay que discutirla.
Tal vez, concede, han considerado algunos datos del caso Inegi, pues parece que que sí generó un rebote económico muy interesante en Aguascalientes y luego permitió al estado ser un estado receptor de empresas trasnacionales.
Pero hay tan pocos datos y tan pocos argumentos todavía disponibles que también puede haber razones políticas no explícitas.
Tal vez hay un plan político muy sofisticado en dos vías: tener cierto control o mayor control sobre diversas agendas administrativas y políticas de los gobernadores, que en México son señores feudales. La presencia del gobierno federal en los estados limitaría en algo el poder de los gobernadores.
Esta puede ser una medida política muy sofisticada del gobeirno entrante para recuperar el control o reducir el poder de los gobernadores. Tal vez han pensado que es una medida política y administrativa que puede ayudarles a eso.
El segundo factor político está ligado con despedir a 70% del personal de confianza del gobierno federal. Si eso llega a suceder se paraliza la administración pública, porque el personal de base, sindicalizado, es muy difícil de incentivar. Los mandos medios y superiores son los que soportan la carga.
Esto significaría una depuración de la administración pública federal, donde les reduces sueldos, los cambias de estado y les quitas prestaciones, pues muchos van a renunciar y esos puestos quedan en poder del gobierno entrante.
"Nos quitamos de encima a priistas y panistas que todavía están en el gobierno federal para poner a los más fieles de Morena", hablando en plata.
