Señalado. Levian Pacheco enfrenta varios cargos a raíz de incidentes que presuntamente ocurrieron entre agosto de 2016 y julio de 2017 en el centro Southwest Key, en Mesa.
Un exempleado de un centro de retención de menores migrantes en el área de Phoenix abusó sexualmente de ocho adolescentes varones, afirmaron las autoridades federales, uno de varios casos que han salido a la luz en las últimas semanas en un contexto de detención de miles de niños migrantes en diferentes partes de Estados Unidos.
Documentos de la corte muestran que Levian Pacheco enfrenta varios cargos a raíz de incidentes que presuntamente ocurrieron entre agosto de 2016 y julio de 2017 en el centro Southwest Key, en Mesa. ProPublica fue el primer medio en reportar el caso.
Las autoridades afirman que Pacheco sostuvo relaciones sexuales con dos chicos y tocó a otros seis, todos entre 15 y 17 años en ese entonces. Los documentos en la corte también señalan que el exempleado es VIH positivo y que algunos de los adolescentes han optado por someterse a exámenes de detección del virus.
Pacheco se ha declarado inocente y ha rechazado las acusaciones. Su abogado de oficio sostuvo en los documentos que las afirmaciones del gobierno sobre los crímenes cometidos por el acusado incluyen un "rango extraordinariamente amplio de fechas y falta de especificidad".
"Esperamos defender al señor Pacheco en la corte", indicó el abogado Benjamin Good en un correo electrónico a The Associated Press.
Las divulgaciones del jueves se dieron un día después de que la policía informara que un empleado en otro centro de Southwest Key, Fernando Magaz Negrete, es sospechoso de abusar sexualmente de una migrante de 14 años.
De acuerdo con las autoridades, Magaz besó y manoseó a la menor en su habitación dentro de las instalaciones el 27 de junio. Su compañera de cuarto, de 16 años, fue testigo de los hechos. La policía señaló que las grabaciones de las cámaras de vigilancia muestran a Magaz, de 32 años, acercándose a la habitación varias veces durante la noche, aunque la habitación en sí estaba fuera del alcance de la cámara.
Southwest Key ha despedido a Magaz. Se desconoce si cuenta con un abogado.
La organización sin fines de lucro con sede en Texas, la más grande en ser contratada por el gobierno de Estados Unidos para hospedar a menores migrantes, se encuentra bajo escrutinio por sus prácticas en varios albergues en el suroeste del país. Muchos de los más de 2.000 niños que fueron separados de sus padres después de cruzar la frontera sin autorización legal han sido retenidos en centros de Southwest Key
En las últimas semanas, ProPublica ha dado a conocer un reporte en el que se indica que desde 2014 la policía respondió a por lo menos 125 llamadas sobre delitos sexuales en albergues que hospedan principalmente a niños migrantes. El reporte detalla un incidente ocurrido en 2015 en un albergue operado por Southwest Key en Tucson, Arizona, en el que las autoridades dijeron que un empleado tocó la entrepierna de un hondureño de 15 años por encima de su ropa. El trabajador fue despedido y posteriormente acusado de abuso sexual.
ENFRENTAN SISTEMA CAÓTICO PARA RECUPERAR HIJOS
El improvisado sistema para reunir las familias de inmigrantes separadas en la frontera ha dejado a cientos de menores en un limbo pues los padres fueron inhabilitados para recibir a sus hijos.
Entre los afectados figuran un hombre al que le llevaron su hija porque los agentes del servicio de inmigración pensaban que él no era el padre, obligándolo a presentar muestras de ADN para comprobar que lo era.
Cientos de inmigrantes fueron deportados, incluida una familia hondureña cuyo hijo de 11 años permanece en Estados Unidos. Un guatemalteco prefiere que su hijo adolescente se quede en Estados Unidos porque es más seguro. Una mujer le entregó su hijo a una tía y ahora está en un centro de detención de inmigrantes porque ya había sido deportada una vez.
El gobierno y la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) libran una batalla legal sobre la mejor forma de reunificar a las familias, pero el proceso está empantanado por la cantidad de casos, al punto de que el gobierno pidió a la ACLU que aporte sus "considerables recursos" para ayudar en la reunificación. ACLU cree que el gobierno debe hacer más de lo que está haciendo para resolver el problema.
En tanto el gobierno de EU considera que no es su responsabilidad encontrar a los cientos de migrantes que fueron deportados sin sus hijos para reunirlos con ellos. Deberían ser las ONG que han denunciado la situación en los juzgados, argumenta Washington, las que utilicen sus recursos para encontrar a esas personas, devueltas a sus países tras ser separadas de sus hijos en medio del caos provocado por el propio Gobierno y su política de "tolerancia cero en la frontera"
Este argumento del Gobierno de Trump fue presentado por escrito el jueves por la tarde ante el juez de San Diego que ordenó a finales de julio reunificar a todas estas familias antes de un mes. El plazo fue incumplido por la Administración el pasado 27 de julio. De los más de 2.500 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar en familia la frontera de forma irregular, solo 1.442 han sido devueltos a sus progenitores, según datos del propio Gobierno presentados al juzgado en esa fecha.
Un total de 711 niños permanecen en el sistema de acogida de EE UU, clasificados como "no acompañados" tras haber llegado acompañados de sus padres. De ellos, 431 no han podido ser reunidos con sus familiares porque estos fueron deportados de vuelta a sus países.
Washington es el responsable de reunificar a familias
Un juez federal dijo el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump es el único responsable de reunificar a cientos de menores migrantes que continúan lejos de sus familias tras haber sido separados en la frontera con México, con lo que desinfló un plan del gobierno que intenta delegarle esa tarea a la Unión Americana de Libertades Civiles.
"La realidad es que por cada padre que no es localizado, habrá un niño permanentemente huérfano y eso es 100% responsabilidad del gobierno", afirmó el juez federal de distrito Dana Sabraw.
Hizo sus observaciones en una conferencia telefónica un día después de que el gobierno federal y la ACLU _siglas en inglés del organismo activista_ presentaran planes totalmente opuestos sobre la manera de reunificar a más de 500 menores aún separados, entre ellos 410 cuyos padres no se encuentran en Estados Unidos.
Washington propuso el jueves que la ACLU, que representa a los padres migrantes, use sus "recursos considerables" para encontrar a los padres en sus países de origen, predominantemente Guatemala y Honduras. El Departamento de Justicia indicó en un documento presentado ante la corte que el Departamento de Estado ha iniciado el diálogo con gobiernos extranjeros sobre la forma en que Estados Unidos puede ayudar en esa tarea.
Sabraw se dijo decepcionado con la propuesta a la corte "en el sentido de que no se ha propuesto ningún plan". Agregó que él le ordenaría al gobierno que designe a alguien para que encabece esa labor. "Esta va a ser una tarea considerable, y resulta evidente que debe haber una persona a cargo", subrayó.
Entre lo que quedó sin resolver el viernes fue una suspensión temporal de las deportaciones de familias reunificadas que el mismo Sabraw impuso el 16 de julio a fin de tener tiempo para resolver otras cuestiones. La ACLU ha solicitado que las familias tengan al menos una semana para decidir si desean solicitar asilo luego de reunirse con sus hijos, una medida a la que el gobierno federal se opone.
Sabraw afirmó que quiere esperar el fallo de un juez federal en Washington, D. C. sobre una demanda legal que también busca una suspensión temporal a las deportaciones. Añadió que, si ese juez transfiere el caso a San Diego, él planea convocar a una audiencia la próxima semana para atender los argumentos orales.
A finales de junio, Sabraw ordenó que más de 2,500 niños fueran devueltos a sus padres para el 26 de julio. Sin embargo, cientos de ellos continúan separados, principalmente porque muchos de sus padres se encuentran fuera de Estados Unidos.
