Para PC29 y un buen número de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanía del estado, el tema del Sistema Estatal Anticorrupción sigue formando parte fundamental de la agenda política y social para el desarrollo de la entidad.
El año pasado, durante el proceso de diseño del Sistema, participamos señalando y tratando de aportar ideas y rutas para evitar el resultado que ya conocemos que al final se consiguió: leyes, reformas, instituciones, órganos e integrantes designados a modo, que constituyen un escudo que pareciera infranqueable para combatir de fondo y en serio a la corrupción en nuestro estado.
El tema de designaciones, como a nivel nacional, nos parece fundamental para procurar la autonomía e independencia de la que debieran gozar quienes estén a cargo de esta tarea. Sin embargo, desde la elección por parte del Congreso de los miembros de la Comisión de Selección, tuvimos muestras contundentes de que el proceso se vería ensuciado. Así ocurrió también con el proceso de convocatoria y selección de los integrantes del CPC (Consejo de Participación Ciudadana del SEA), del que hasta la fecha no tenemos claridad sobre la mecánica de evaluación, y por lo tanto seguimos señalando la falta de perfiles probos y con capacidad técnica para ocupar dichos cargos.
A la llegada de Miguel Riquelme a la gubernatura, las sospechas sobre la falta de autonomía política de por lo menos dos de los integrantes de la Comisión de Selección, fueron confirmadas. Blas Flores Dávila, quien fuera rector de la UAdeC al momento de la convocatoria del SEA, fue designado por el gobernador como secretario de estado, al frente de las finanzas. Al poco tiempo, María del Carmen Ruiz Esparza fue llamada también a formar parte de la administración, como subsecretaria de planeación en la Secretaría de Educación Pública de Coahuila.
A los ojos de cualquiera, la renuncia de estos dos nuevos funcionarios a sus cargos honorarios dentro del sistema anticorrupción parecía lógica, necesaria y prudente, en aras de guardar por lo menos las formas, dado que la convocatoria especificaba que no podrían haber sido tomados en cuenta siendo funcionarios de ese nivel. Sin embargo, las renuncias no llegaron. El vocero de la Comisión, Carlos Arredondo Sibaja, rondó su respuesta sobre el tema en dos sentidos: uno, que los funcionarios no violan la ley, puesto que las bases decían que no podrían ser elegidos si ocupaban dichos cargos "al momento de la convocatoria" -menudo silogismo empleado-; en otras ocasiones, declinó posicionarse al respecto, puesto que se trataba de un tema que concernía a sus pares, y sobre los que él no tenía injerencia.
Habiendo topado con esa pared, la Alianza Anticorrupción de Coahuila retomó la agenda en sus manos para solicitar al Congreso que sus representantes fueran recibidos por una comisión (o el pleno) para abordar en mesas de trabajo el tema global del SEA. Esta solicitud parte de reuniones que sostuvo la Alianza con diputados de la nueva legislatura, antes de que tomaran la posesión de sus encargos. El oficio fue recibido por la Oficialía Mayor del Congreso en abril, sin que a la fecha se tenga respuesta oficial de la entidad al enlace con Alianza.
El comunicado emitido por organismos de sociedad civil este miércoles primero de agosto versa básicamente sobre estos dos puntos mencionados: la reunión que solicitamos con diputadas y diputados, y la reestructuración del Comité de Selección que es necesaria antes del nuevo proceso de designación por parte de este organismo "ciudadano".
La posición de PC29 respecto al SEA seguirá siendo crítica, pero también de colaboración en las agendas que, desde ya, se puedan ir construyendo y avanzando. Tal fue el caso de la propuesta conjunta de organismos de La Laguna y el CPC respecto a un proceso de designación auditable de los órganos internos de control (contralores) de las instituciones que aún no tienen esta figura fundamental. La propuesta ya está en la cancha del legislativo en tanto que fue aprobado un punto de acuerdo en el Comité Coordinador del SEA y emitida una recomendación por parte de éste al Congreso para dar cumplimiento con las designaciones y homologar el proceso para cada entidad señalada en el documento presentado.
