Las organizaciones hicieron varios señalamientos, entre los cuales destacan la ausencia de un fondo para resarcir los daños a víctimas de feminicidios y la falta de recursos para la construcción de refugios para mujeres en situación de violencia. (ARCHIVO)
A una semana de que venza el plazo dado por la Conavim para cumplir con las 13 recomendaciones que evitarían la declaratoria de Alerta de Género en Durango, organizaciones promoventes siguen sin ver resultados.
Ante esto, reiteran que la declaratoria de Alerta de Género debe decretarse en Durango.
Sandra Sierra, presidenta de la Fundación por la Promoción el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres A.C. dice que desconocen el resultado del trabajo que hizo el estado en estos seis meses -plazo dado por la Conavim- y que de igual forma no han sido notificadas sobre la entrega del informe.
“No se cumplió con ninguna de las trece recomendaciones, por eso las tres organizaciones promoventes consideramos inminente la declaratoria de la alerta de género”, dice.
Las organizaciones hicieron varios señalamientos, entre los cuales destacan la ausencia de un fondo para resarcir los daños a víctimas de feminicidios y la falta de recursos para la construcción de refugios para mujeres en situación de violencia.
A partir de la declaratoria, solicitan al Estado que se abra una mesa de trabajo ciudadana que participe en la vigilancia del proceso, pues de todas formas el gobierno deberá acatar las recomendaciones.
EN CONTEXTO
Fue el 12 de enero cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer presentó al Gobierno del Estado el resultado del diagnóstico elaborado por expertos y expertas nacionales y locales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres realizó y la misma Conavim.
Fueron 13 recomendaciones las que se emitieron para Durango. Sin embargo hasta el 2 de febrero, el Estado aceptó las recomendaciones y a partir de esa fecha se le otorgó un plazo de seis meses para trabajar en las deficiencias y omisiones señaladas en torno a la armonización legislativa, acceso a la justicia, capacitación, asistencia técnica, medidas de protección, prevención de la violencia, etcétera.
