La decisión de Llarena se basa en que de aceptar la entrega solo por delito de malversación de fondos públicos implicaría que los demás líderes independentistas, tanto los presos como los fugados, no sean tampoco acusados de rebelión. (EFE)
El magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, rechazó hoy la entrega a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para ser juzgado solo por malversación de caudales públicos y no por rebelión.
En un auto emitido este jueves, el juez niega las condiciones acordadas la semana pasada por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), que no reconoce los delitos de rebelión o sedición en el líder independentista catalán, como lo reclama la justicia española.
La decisión de Llarena se basa en que de aceptar la entrega solo por delito de malversación de fondos públicos implicaría que los demás líderes independentistas, tanto los presos como los fugados, no sean tampoco acusados de rebelión.
Por ello, la decisión de Llarena incluye retirar la orden europea e internacional de detención contra los líderes independentistas que están huidos.
Llarena destacó “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español.
Asimismo, estimó que con su decisión el tribunal alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos europeos existentes en esta materia.
Expuso que el control de la doble tipificación por parte de la justicia alemana debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania.
Señaló que todas esas circunstancias “no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”.
Llarena indicó que la justicia alemana debió haberse dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a plantear el caso, y que ahora la parte española no puede hacerlo “para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido”.
Ante todo ello, el juez Llarena retiró las órdenes de detención europeas e internacionales contra los exconsejeros del gobierno de Puigdemont Antoni Comin, Lluis Puig, Meritxell Serret (huidos a Bélgica), Clara Ponsatí (en Escocia) y la dirigente política Marta Rovira (en Suiza).
Sin embargo, contra Puigdemont y los demás líderes secesionistas se mantienen las órdenes de detención nacional, por lo que pueden transitar por otros países pero si intentan regresar a España podrían ser detenidos.
