'La negativa del gobierno de ese país de poner fin a esa violencia significa un muy elevado costo de vidas humanas, heridos, encarcelados y otras víctimas de esos atropellos', alegaron. (EFE)
Al iniciar hoy una visita a Costa Rica, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el portugués António Guterres, fue advertido por los siete expresidentes costarricenses acerca de que "la continuación de la violencia en Nicaragua podría muy bien desencadenar una nueva guerra civil" en ese país.
Tras alertar que "estamos a la puerta de una nueva crisis humanitaria regional", los siete ex mandatarios escribieron en una carta a Guterres a propósito de su llegada a este país que un nuevo conflicto bélico en Nicaragua provocaría "enorme sufrimiento para sus habitantes, con enorme perjuicio para el resto de Centroamérica y poniendo en grave riesgo la estabilidad y la paz de otros países de la región".
"Su posición como secretario General de Naciones Unidas y su valiosa y ejemplar experiencia sobre el sufrimiento de los desplazados como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo sitúan en inmejorable posición para apreciar el dolor humano que generan estas circunstancias y los graves riesgos que ellas implican", agregaron.
La misiva fue suscrita por los ex presidentes Oscar Arias Sánchez (1986—1990 y 2006—2010), Rafael Ángel Calderón Fournier (1990—1994), José María Figueres Olsen (1994—1998), Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998—2002), Abel Pacheco de la Espriella (2002—2006), Laura Chinchilla Miranda (2010—2014) y Luis Guillermo Solís Rivera (2014—2018).
Guterres llegó a Costa Rica para conmemorar el 40 aniversario del establecimiento (1978) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que es el máximo tribunal hemisférico y a partir de 1979 tiene su sede en Costa Rica.
CONTEXTO
Con un efecto generalizado sobre Centroamérica, y en particular en la vecina Costa Rica por el sur, Nicaragua sufrió dos guerras civiles a finales del siglo XX que dejaron un saldo de unos 50 mil muertos, miles de lisiados y heridos y un panorama general de desintegración y conmoción nacional, con profundas y prolongadas consecuencias negativas socioeconómicas.
La primera se agudizó a inicios de la década de 1970 con la sublevación armada de guerrilleros del hoy gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en contra de la dictadura de la familia Somoza, que gobernó a partir de 1934 y fue derrocada por los insurgentes en 1979. La segunda estalló a principios del decenio de 1980 para combatir al régimen del FSLN y concluyó en 1990, con elecciones anticipadas y un proceso general de paz de desarme y otros mecanismos de reconciliación.
La actual crisis de Nicaragua estalló el 18 de abril pasado en protestas antigubernamentales para repudiar inicialmente una reforma a la seguridad social que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se vio obligado a derogar.
Sin embargo, el conflicto derivó en un masivo movimiento de reclamo popular en contra de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para exigir la democratización del país, con la demanda de renuncia de la pareja gobernante, el adelanto de las elecciones generales y otras acciones para terminar con un régimen que las fuerzas opositoras definieron como dictadura dinástica.
Las protestas callejeras ya dejaron un saldo de unos tres centenares de muertos, miles de heridos y detenidos, en actos que organismos internacionales de derechos humanos atribuyeron a la represión policial, parapolicial y paramilitar ejecutada por órdenes de Ortega y Murillo. Cifras del gobierno aseguraron que son 52 los muertos por el conflicto.
Impredecible. En su carta a Guterres, los siete ex presidentes vivos de Costa Rica adujeron que "la decisión" que Ortega adoptó el pasado 7 de julio de rechazar la propuesta de adelanto de elecciones "y la continuación de la violencia de la policía y de turbas para-policiales matando manifestantes en diversas ciudades de Nicaragua, torna muy impredecible la continuación del dialogo en ese país, y hace difícil prever un cese a la violencia".
"La negativa del gobierno de ese país de poner fin a esa violencia significa un muy elevado costo de vidas humanas, heridos, encarcelados y otras víctimas de esos atropellos", alegaron.
Al informar que, según datos al 21 de junio anterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el número de víctimas mortales llegó a 264, con más de mil 800 heridos y la pérdida, de acuerdo datos de la iniciativa privada, de 250 mil empleos, los ex gobernantes advirtieron sobre un severo impacto regional de la crisis nicaragüense.
"Miles de furgones no han podido trasportar las exportaciones entre países centroamericanos y se producirá importante desempleo en las industrias centroamericanas con muy negativas consecuencias sociales", precisaron, al recordar que Guterres deploró la semana pasada "la pérdida de vidas y los ataques a los mediadores (en el diálogo) de la Iglesia Católica" en Nicaragua.
En este contexto, los siete ex jefes de Estado solicitaron la "valiosa intervención" del secretario general para que Naciones Unidas "con la información" de la CIDH y de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desde mayo anterior pidió acceso a Nicaragua para indagar la situación, "intervenga para promover una solución que restablezca—a la brevedad posible—la paz y la democracia".
