El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 será el principal instrumento del nuevo gobierno para alcanzar las promesas de campaña.
Asimismo, será una señal del rumbo en el cual se dirigirá el proceso de desarrollo económico de la administración entrante. Es crucial seguir de cerca el reajuste al interior de la maniobrabilidad que permite el PEF para lograr el financiamiento de nuevos programas sociales, la continuidad y financiamiento de nuevas obras de infraestructura transexenales, así como el abordaje que se le dará a temas en extremo sensibles y complejos como las pensiones, que generan no sólo una presión en los sistemas de salud del país, sino en sus finanzas públicas.
El nuevo gobierno buscará atacar problemas estructurales de la economía mexicana a través de una reestructuración de las prioridades en el presupuesto federal. El balance en el gasto presupuestal es un factor de preocupación entre algunos actores, toda vez que no se prevé una reforma hacendaria en el corto plazo, que amplíe la base de recaudación fiscal y actualice las condiciones de ingresos tributarios y no tributarios del gobierno.
A pesar de esta restricción impuesta durante las campañas presidenciales, se espera un giro del gasto federal enfocado al desarrollo social.
Sin embargo, la posibilidad de maniobrabilidad del presupuesto ha tenido una tendencia restrictiva durante los últimos años, principalmente por el incremento de gastos ineludibles por parte del gobierno como las pensiones o las obligaciones financieras.
En el caso del costo financiero de la deuda, se estima que alcanzará 2.9% del PIB en 2018, lo que representaría seis veces más que la última medición del gasto total de Ciencia y Tecnología -Investigación y Desarrollo Experimental- que apenas alcanzó 0.5% del PIB en 2016, último año con cifras oficiales.
Es importante aclarar que el incremento en la deuda del gobierno, a través del aumento de gasto federal, no es nocivo para la economía por sí mismo, siempre y cuando se utilice para propósitos que detonen el aumento de la infraestructura, incrementen de manera sustentable la seguridad social y la provisión de servicios básicos en zonas marginadas que contribuyan al aumento de la productividad de las actividades productivas que se realizan en el país.
La terminación y operación de los proyectos heredados por la administración actual, al mismo tiempo que se aumente el porcentaje de financiamiento público en infraestructura para la realización de nuevos proyectos -como sería el caso de la construcción de refinerías- es crucial para alcanzar las expectativas de crecimiento y desarrollo planteadas por la administración entrante.
En este sentido, parece existir espacio para aumentar este gasto público en infraestructura, ya que en 2017 éste representó apenas 2.6% del PIB, lo que lo coloca como una de las participaciones más bajas de los últimos 70 años.
En el ámbito de Desarrollo Social, apenas en la primera semana de haber resultado electa en las urnas, la nueva administración ya planea la puesta en marcha del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorgará una beca de 3 mil 600 pesos mensuales para que los jóvenes que así lo deseen puedan capacitarse en el trabajo en empresas, negocios o talleres.
Este nuevo programa de desarrollo social, que entraría en vigor el 1 de diciembre de 2018, sería de manera inmediata el más grande del Gobierno federal, con un costo estimado de 110 mil millones de pesos, lo que representaría 2.37 veces más que el presupuesto que recibió el programa Prospera en 2018.
Por otra parte, el financiamiento de las pensiones es uno de los temas más apremiantes que enfrentarán las próximas administraciones federales, no únicamente la entrante, y la población mexicana.
En este sentido, la administración entrante ha propuesto duplicar la pensión para adultos mayores, según las estimaciones este aumento supondrá una inversión total de entre 35 mil y 40 mil millones de pesos.
Si bien es importante esta inversión para aumentar en alguna medida el bienestar de las personas de la tercera edad, esta medida no representa la reestructura necesaria para atender el problema actual que la carga pensionaria ejerce sobre el ejercicio presupuestal, ni la presión social que significará el bajo monto de las pensiones en el largo plazo.
La correcta instrumentación y plataforma de ejecución de estos programas sociales de gran envergadura será uno de los principales retos de la nueva administración federal. Adicionalmente, a falta de una reforma hacendaria profunda, será necesaria mesura en su asignación para no generar un desbalance con otras partidas presupuestarias. En este sentido, la existencia y labor de organismos de evaluación, como Coneval, será crucial en la ejecución y adecuación de los programas cuando sea necesario.
