Violentos. Un grupo de parapolicías agrede a varios obispos y periodistas tras irrumpir violentamente en la basílica de San Sebastián. (EFE)
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional, suspendió ayer las mesas de trabajo creadas para superar la crisis en el país debido a la agresión física que sufrieron los obispos en la basílica de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba.
El Episcopado había citado este lunes a la mesa de Verificación y Seguridad, así como a la mesa Electoral, no así a la de Justicia, para reiniciar el diálogo nacional, sin embargo, optó por aplazar las dos mesas de trabajo tras los sucesos en Diriamba.
Ayer un grupo de parapolicías irrumpió violentamente en la basílica de San Sebastián, donde agredieron a varios obispos y periodistas, entre ellos el nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez.
La agresión ocurrió cuando los obispos viajaron a Diriamba, 42 kilómetros al sur de Managua, para liberar a un grupo de enfermeros y misioneros franciscanos sitiados por los parapolicías en el templo.
La situación se presentó después de que una delegación de la Iglesia católica, acompañada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPHD), entró en la plaza central de Diriamba, cuya basílica estaba rodeada por unos 200 encapuchados paramilitares y parapolicías, así como decenas de policías fuertemente armados y algunos de ellos también con los rostros tapados.
Se pudo constatar que cuando la delegación eclesiástica llegó al lugar los agentes uniformados desaparecieron para dar paso a centenares de encapuchados civiles y simpatizantes del presidente Daniel Ortega.
DEFIENDEN VISIÓN
"El Estado de Nicaragua funciona y seguirá funcionando y hará uso de su deber constitucional, su obligación institucional para mantener el orden, la seguridad y la paz", dijo el canciller Denis Moncada al salir del Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua, tras suspenderse las mesas de trabajo del diálogo nacional.
"Lo que hemos denunciado son actos de terrorismo que se cometen contra nicaragüenses, secuestros, extorsiones, vejámenes, asesinatos por ser sandinistas, contra policías, quemas de edificios públicos, casas privadas", denunció.
Según Moncada, Nicaragua vive un intento de golpe del Estado, iniciado el pasado 18 de abril con las protestas contra las fallidas reformas a la seguridad social.
"Hemos dicho y lo reiteramos a los organismos internacionales de derechos humanos que aquí enfrentamos una ruptura constitucional, que por la vía fáctica se quiere cambiar el Gobierno e incluso se han hecho amenazas de muerte contra el Presidente de la República (Daniel Ortega) que están debidamente documentadas", afirmó.
Asimismo, dijo que "aquí se ha manipulado con que se van a adelantar las elecciones y el Gobierno nunca ha dicho eso".
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, que ha dejado al menos 320 muertos, según organismos humanitarios.
Ortega se 'lava las manos'
El Gobierno de Nicaragua anunció ayer que discutirá una propuesta de "democratización" presentada en el diálogo nacional, solo si se resuelve antes el "gravísimo problema del terrorismo" en el país, que atraviesa una crisis sociopolítica en la que murieron al menos 320 personas desde el 18 de abril.
"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), acatando el mandato de las familias nicaragüenses, reafirmamos que solo abordaremos otras agendas específicas en el diálogo nacional relacionadas con el proceso de democratización apegado a lo que manda la Constitución Política y las Leyes del Estado y una vez atendido y resuelto de forma verificable el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia", indicó el Ejecutivo.
El Gobierno señaló de ejercer el terrorismo, la inseguridad y la violencia en Nicaragua a "quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho el orden jurídico y constitucional, utilizando el terrorismo que se ha practicado sistemáticamente en los tranques (obstáculos) convertidos en zona de violencia, tortura y secuestro".
En su declaración, el Ejecutivo también hizo saber "que como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República", tiene "el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses".
Y que eso incluye el derecho a la libre circulación de las personas, vehículos y mercancías en todo el territorio nacional.
