A lo largo de todo el día ha habido manifestaciones contra la reforma ante el Supremo, en Varsovia, donde a última hora de la tarde se concentraban varios miles de personas, y ante tribunales de todo el país, bajo el lema 'En defensa de la legalidad constitucional, contra la reforma judicial del Gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia'. (EFE)
El Gobierno polaco sigue adelante con su reforma judicial a pesar de la oposición de la presidenta del Tribunal Supremo, de las protestas ciudadanas y de las críticas de la Unión Europea, a la que reitera que la estructura de la justicia es una competencia interna de cada país.
A lo largo de todo el día ha habido manifestaciones contra la reforma ante el Supremo, en Varsovia, donde a última hora de la tarde se concentraban varios miles de personas, y ante tribunales de todo el país, bajo el lema "En defensa de la legalidad constitucional, contra la reforma judicial del Gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia".
El nobel de la Paz Lech Walesa, exlíder del sindicato Solidaridad, participó en la concentración de la capital polaca e instó a hacer todo lo posible para defender "la democracia y la independencia judicial", algo a lo que él mismo se comprometió a seguir haciendo, a sus 74 años.
El día comenzó con protestas junto al alto tribunal a la llegada de su presidenta, Malgorzata Gersdorf, quien desafió al Ejecutivo presentándose en su puesto de trabajo.
Poco después el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendía ante la Eurocámara el derecho de cada país a configurar su sistema judicial "según sus tradiciones", después de que la UE haya abierto un procedimiento de infracción a Polonia por la reforma del Tribunal Supremo.
"Todo país de la UE tiene derecho de establecer su sistema judicial de acuerdo con sus tradiciones", recalcó Morawiecki en una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo, al que ha sido invitado.
Morawiecki puso de relieve que la estructura judicial de Polonia no ha cambiado desde el comunismo, y recordó que algunos de los principales jueces polacos se mantienen en su puesto desde el citado régimen, lo que exige una profunda reforma para "eliminar definitivamente al comunismo de las instituciones polacas".
La asistencia de Gersdorf a su puesto de trabajo ha supuesto a un desafío a la nueva ley, que desde ayer fuerza su renuncia y la de casi de la mitad de los magistrados de esta Corte, algo que Bruselas califica de ataque al estado de Derecho.
"He venido para defender la legalidad", dijo a su llegada al edificio, arropada por cientos de personas que la felicitaban por su entereza ante la polémica reforma.
La nueva ley del Gobierno polaco sobre el Tribunal Supremo rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen este órgano, incluida la propia Gersdorf.
La ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrezj Duda, vinculado al partido gobernante, la fuerza nacionalista Ley y Justicia, quien podría renovarles su mandato por tres años más.
Gersdorf, quien se ha negado a pedir a Duda una extensión de su mandato, afirma que la Constitución polaca avala su mandato al frente de la institución hasta 2020 y, por tanto, éste "no puede ser suprimido o modificado por una ley de categoría inferior" como la norma que reforma el Tribunal Supremo.
Desde Estrasburgo, Morawiecki respondía subrayando que la reforma se ha hecho de acuerdo a la Constitución y, por tanto, debe ser acatada.
Por su parte el juez Józef Iwulski, quien ayer se señalaba como posible candidato a reemplazar a Gersdorf, echaba hoy balones fuera y afirmaba que no es el sucesor de la presidenta del Tribunal Supremo, sino "sólo su sustituto mientras ésta esté ausente".
La batalla judicial ha llevado a miles de polacos a salir a la calle para protestar contra el Gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia, que gracias a su mayoría absoluta ha logrado sacar adelante una serie de polémicas medidas, entre ellas la reforma del sistema judicial.
La Comisión Europea también se opone a esta reforma, que considera un ataque a la división de poderes y al estado de Derecho, lo que ha llevado a abrir un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia para proteger la independencia de su Tribunal Supremo.
Bruselas ya activó meses atrás el artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia, al entender que sus reformas, entre ellas esta de la Justicia, menoscaban los valores europeos y la democracia, lo que podría llevar a Polonia a perder su derecho de voto en la Unión Europea.
