El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) recomendó al gobierno de Baja California asignar personal de seguridad suficiente para mantener el orden y la disciplina, y garantizar y resguardar la integridad física de los internos, trabajadores y visitantes de los penales locales.
Luego de visitar los Centros de Reinserción Social (Ceresos) “El Hongo”, “El Hongo 2”, “El Hongo 3” y los de Tijuana, Ensenada y Mexicali, así como a un Centro de Tratamiento para Adolescentes en Ensenada, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, el Mecanismo emitió un Informe de Supervisión.
En un comunicado, el Mecanismo dio a conocer que dirigió dicho informe al gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid, por irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal.
Además, por escasez de alimentos, mala calidad en atención médica, encierro en celda las 24 horas del día y una hora de salida a la semana, que padecen las personas privadas de su libertad en seis Centros.
De acuerdo al Informe, se observó que el 100 por ciento de las 11 mil 332 personas privadas de la libertad se inconformaron por el encierro, la ausencia de actividades e insuficientes visitas familiares, falta de mantenimiento en las instalaciones.
También, por la carencia de ventilación e iluminación, agua corriente, lavabos o la fuga de agua en los mismos y humedad en las paredes, como son los casos de los CERESOS de Tijuana, Ensenada, Mexicali, “El Hongo” y “El Hongo 2”, mientras que en algunos dormitorios de “El Hongo”, “El Hongo 3” y Tijuana carecen de colchonetas y cobijas.
Ante ello, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recomendó al gobierno local mantener el orden y la disciplina, y garantizar y resguardar la integridad física de los internos, trabajadores y visitantes de los penales.
Además, pidió alimentos nutritivos para los internos, recursos suficientes para el equipamiento de los dormitorios y revisar el marco normativo que rige el funcionamiento de los Centros, a fin de actualizarlo y armonizarlo con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
