Con copias de los contratos firmados por el alcalde Jorge Zermeño, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván y el tesorero Municipal, Jaime Hernán Sirgo Ortiz, regidores de la bancada del PRI en el Cabildo de Torreón "destapan" otro caso de presunto desvío de recursos públicos de lo cual aseguran que darán vista a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) porque existe el riesgo de perder la segunda ministración que otorga el Gobierno federal al Municipio para el fortalecimiento de la seguridad. Ante esto, Comunicación Social del Ayuntamiento de Torreón, emitió un boletín en referencia a las declaraciones del regidor Enrique Sarmiento Álvarez y la segunda síndico Dora Elia Salinas Durán. A manera de precisiones, informa que los recursos que fueron asignados al Municipio de Torreón por el Gobierno federal, mediante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2018 (Fortaseg), han sido aplicados en apego a la normatividad establecida por el propio organismo, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público y de acuerdo a los lineamientos que rige el programa federal.
De acuerdo a la bancada del PRI, ahora se trata de fondos federales del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg) 2018. Los regidores afirman que el Municipio contrató cursos de capacitación que ni han comenzado, pero en cambio ya pagaron la mayor parte de su costo.
Específicamente se refieren a contratos de cursos de capacitación para policías municipales realizados con la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro ubicada en Tlalnepantla, México.
Además, a dos contratos de dos programas de capacitación denominados "Prevención de Violencia de Género" y "Jóvenes en Prevención" en el rubro de Prevención del Delito solicitados por el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván mediante oficio SRA/1206-2018 el 6 de abril y contratados a una sola persona de nombre Irene González Hernández en fallo emitido desde el 19 de abril 2018 en el área de Servicios Administrativos.
Pero en ninguno de los tres casos en los que se están ejerciendo recursos del Fortaseg 2018, los cursos han iniciado, aunque los contratos se firmaron desde abril, aseguran los regidores priistas que, además afirman, con datos de las transferencias, que se pagaron de la Tesorería Municipal TMT620101EV4, a la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro, 012180001561372618 Bancomer un 70 por ciento del contrato a razón de 4 millones 834 mil 550 pesos. Pero los capacitadores ni se han presentado.
El contrato con la academia dice: "celebrado el 26 de abril 2018 por un monto de 6 millones, para que imparta diversos cursos de capacitación en las áreas de Formación Inicial para aspirantes y Formación Inicial Equivalente… los cursos y evaluación serán en la modalidad de itinerante en las instalaciones de la Academia de Policía en la Unidad Deportiva, pero particularmente estos cursos no ha comenzado porque no tienen la cantidad de cadetes suficientes. Según el calendario para que debieran comenzar marcado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública que es el que los valida, es el 28 de mayo", dice el regidor Enrique Sarmiento Álvarez.
Por otra parte, los dos contratos de Irene González Hernández son Fortaseg IR-001-2018 y Fortaseg IR-002-2018. Fueron contratados mediante la Dirección de Servicios Administrativos y se anota: "de acuerdo al procedimiento de Invitación a tres personas que establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
Sarmiento afirma que "la respuesta que tendrá el Ayuntamiento va a ser que en la Academia de Policía sí se está capacitando a los aspirantes a policías, pero no se les debe olvidar que estos cursos son en una Academia no certificada y que los cursos los respalda sólo la SEP. A estos cadetes les están dando clases la misma gente de la Academia de Seguridad Pública que son empleados municipales".
Adicionalmente, los regidores Enrique Sarmiento, la síndica de Vigilancia, Dora Elia Salinas Durán, Gabriela Romero y Nadia Porras Izquierdo mostraron fotografías de 15 vehículos adquiridos con recursos del Fortaseg, que "en vez de utilizarlos como patrullas, o funciones policiales, ahora los traen funcionarias, algunas mujeres como si fuera de uso particular".
A nivel municipal la encargada del programa Fortaseg es Claudia Tello Villanueva.
'MIENTEN EN SOLICITUD DE INFORMACIÓN'
Finalmente indicaron que además el Gobierno municipal "engaña" al Gobierno federal, pues suscribe contratos desde el 20 de abril y paga, en tanto que en una solicitud de información presentada en la Unidad de Transparencia Municipal con fecha 3 de mayo, responde al solicitante que "no se ha llevado a cabo alguna licitación que implique el ejercicio y/o gasto del presupuesto federal, según la representante del Fortaseg".
COMUNICADO OFICIAL
El comunicado destaca que el gasto federalizado y la aplicación de dichos recursos, es auditado y supervisado de manera minuciosa y exhaustiva por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Auditoría Superior de la Federación, avalando la contratación de prestadores de servicios y proveedores, los cuales se encuentran certificados por dicho Secretariado.
Por otra parte, "es necesario aclarar que la segunda ministración de dicha partida presupuestal no está en riesgo, en virtud de que la presente administración ha cumplido en tiempo y forma con la aplicación de los recursos que hasta la fecha, se han ejercido".
Es relevante señalar que dentro de los plazos y términos que el organismo fija para el uso y destino de este fondo, el Municipio de Torreón lleva un avance por encima de lo requerido, incluso, por encima de la media nacional.
A través del ejercicio transparente y eficaz del fondo, la Administración Municipal logró un ahorro por la cantidad de 3 millones 949 mil 046 pesos, mismos que serán reasignados para continuar mejorando las condiciones de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM).
Acusan. Regidores del PRI presentan copias de los contratos firmados, las referencias de los pagos realizados a la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro para cursos que no existen. (FERNANDO COMPEÁN)
