La cancillería de esta nación sudamericana señaló en un comunicado que el gobierno rechaza el informe por considerar que se realizó con una 'metodología altamente cuestionable'. (ARCHIVO)
El gobierno venezolano rechazó hoy el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, tras afirmar que se trata de un acto politizado.
La cancillería de esta nación sudamericana señaló en un comunicado que el gobierno rechaza el informe por considerar que se realizó con una "metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad".
"El pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Zeid Ra’ad Al Hussein, durante el sombrío ejercicio de su mandato como alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos", añadió.
La dependencia indicó que se trata además de un informe sobre un Estado miembro de la ONU, sin contar con el mandato expreso del Consejo de Derechos Humanos o de la Asamblea General del organismo.
En ese sentido, la cancillería sostuvo que el reporte constituye un “acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la oficina (del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU".
Mencionó que "en su marcada obsesión contra Venezuela, el Alto Comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe".
"Entre los procedimientos que ignora (el informe), se incluyen las conclusiones del experto independiente del Consejo de Derechos Humanos, Alfred de Zayas, y el relator sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos”, argumentó la cancillería.
Aseguró que Al Hussein confirma su "complicidad con la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela, guardando silencio frente al negativo impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, generado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y sus serviles aliados en la región y en el mundo".
Asimismo, la cancillería denunció que en el informe la oficina de la ONU descartó intencionalmente toda la información oficial que le suministró el gobierno venezolano con el objeto de construir una "grotesca farsa mediática en esta materia, en alianza con otros actores multilaterales al servicio de Washington".
Finalmente, la dependencia garantizó su compromiso con los derechos humanos en los términos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.
En su informe, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció la falta de respuestas del gobierno sobre las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las autoridades venezolanas, por lo que pidió una mayor intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
"Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia", indicó la oficina de la ONU en un comunicado difundido en Ginebra.
La CPI abrió en febrero pasado un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en el contexto de la ola de protestas de 2017, las cuales dejaron más de 100 muertos.
