Hecho. La contraloría capitalina desestimó la queja. (TWITTER)
La adjudicación directa que se otorgó a Grupo Rioboo para el proyecto ejecutivo de los Segundos Pisos del Periférico y Viaducto se impugnó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, pero dicha instancia desestimó el recurso con el argumento de que no tenía competencia para iniciar un procedimiento contra la Jefatura de Gobierno.
El 14 de marzo de 2002, los exasambleistas de Acción Nacional, Jacobo Bonilla, Walter Widmer y Ernesto Herrera, denunciaron ante la contraloría capitalina que el contrato otorgado al grupo presidido por José María Rioboó Martín violaba el artículo 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 2002 que establecía como monto máximo para una adjudicación directa, 780 mil pesos cuando se tratase de obra y 300 mil para cualquier "servicio relacionado con obra".
El contrato OB/001/2002 Fimevic, firmado el 11 de febrero de ese año entre el gobierno capitalino y Rioboo S.A de C.V, fue por 187 millones 916 mil 900 pesos, pero meses después se firmó un convenio modificatorio que redujo el pago a 161 millones 923 mil 471 pesos, aún así el monto fue superior al límite establecido en el Presupuesto de Egresos.
Pese a la denuncia, en agosto de 2002 la contraloría se declaró impedida para iniciar un procedimiento e investigar si hubo o no irregularidades en la entrega del contrato.
Jacobo Bonilla, quien fue secretario de la comisión de Transporte y Vialidad en la legislatura de la asamblea capitalina vigente cuando se adjudicó el contrato, dijo que el argumento de la contraloría para desechar la denuncia fue que no tenía facultades para actuar contra actos del jefe de gobierno.
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