Una arista importante en el combate a la corrupción es el rediseño y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Para ello, las mismas organizaciones de la sociedad civil en México han trabajado en la construcción de alianzas con actores políticos que en ciertas coyunturas han mostrado interés en temas comunes. Sin embargo, un alto índice de desconfianza que ya ha sido medido por diferentes indicadores muestra que los mexicanos trazamos una frontera casi impenetrable entre los servidores públicos y el resto de la ciudadanía, empeorando la crisis de legitimidad de las instituciones y la política en general.
La confianza se ha perdido con base en argumentos contundentes, muy concretos. Hay quienes no entendemos el proceso de pensamiento y emociones que permiten a un servidor público, coludido con un empresario, suministrar agua destilada a niños con cáncer en lugar de un medicamento. Y no sólo eso, sino la red que se ha tejido al paso del tiempo que conoce y hace parte de acciones similares, en su vida cotidiana.
Con frecuencia, en espacios de análisis académico y político sobre esta lucha anticorrupción, se intenta abordar el tema desde el punto de vista humano. Es decir, en los actos de corrupción están involucradas personas, y en ese sentido deberíamos conocer el contexto en que las acciones suceden y los motivos que mueven a las personas a incurrir en ellos, para poder trazar rutas que abonen a la solución del problema.
Por un lado, debemos reconocer que el sistema económico vigente tiene un alto impacto en la manera en que construimos relaciones no sólo políticas y sociales, sino personales, en cuanto a que la lucha por la sobrevivencia o la concentración de poder económico repercute en nuestra forma de percibir y enfrentar al mundo. Para tener mayores ingresos, por ejemplo, algunos deben trabajar dobles jornadas pese a las implicaciones que esta situación lleva al ámbito familiar. También hay quienes, inmersos en la dinámica de partidos políticos o grupos empresariales, se encuentran tomando decisiones en contra de toda ética humana y racional, bajo la consigna de aportar beneficios a los grupos a los que pertenecen.
En este sentido, diversas acciones e instituciones de los sistemas anticorrupción nacional y locales, cuentan con atribuciones que no son del ámbito administrativo o judicial encaminadas a ejercer sanciones para abatir la impunidad, sino que enfocan sus atribuciones a la creación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención. El abanico de posibles rutas de acción de estos organismos es tan amplio como los procesos y condiciones que permiten y promueven la corrupción.
Legitimar a las instituciones para fortalecerlas y garantizar su funcionamiento para el bien común no es tarea que pueda realizarse seriamente a través de campañas publicitarias, o llamando al voto de confianza, a ciegas, por parte de la ciudadanía. Se trata de un aspecto de la vida pública que tiene su raíz en la manera en la que construimos las propias relaciones humanas. Por lo tanto, alcanzar este objetivo para fortalecer a nuestra democracia, tampoco será logrado por decreto. Deberemos trabajar bajo un enfoque multidisciplinario, acudiendo a todas las ramas del estudio sobre lo humano, desde la filosofía para comprender cómo nos pensamos y de qué manera repensarnos.
Facebook: @pc29laguna
Twitter: @pc29laguna
