El procurador sostuvo que cuando el victimario no es parte del gobierno, un juez migratorio debe considerar las razones del daño infligido y el papel del gobierno al patrocinar o hacer posible tales acciones. (ARCHIVO)
La administración del presidente estadunidense Donald Trump anunció que dejará de dar asilo político a las víctimas de violencia doméstica o de pandillas, una nueva política que de inmediato fue denunciada por el Partido Demócrata como “cruel” e “inhumana”.
El procurador general de Justicia, Jeff Sessions, sostuvo que a partir de este momento, los jueces migratorios no deben considerar la violencia doméstica ni la cometida por “actores no gubernamentales” como una justificación legal para el otorgamiento de asilo
“Un extranjero puede sufrir amenazas y violencia en un país foráneo por muchas razones relacionadas con sus circunstancias sociales, económicas, familiares o personales. Sin embargo, el estatuto de asilo no ofrece alivio para todas sus desgracias”, escribió Sessions.
La decisión del procurador, que sienta precedente en el sistema de jueces migratorios, revierte el fallo de una corte del Departamento de Justicia que otorgó asilo a una inmigrante de El Salvador que había sido objeto de una violación sexual por parte de su esposo.
El presidente del opositor Partido Demócrata, Thomas Perez, calificó la decisión de la administración Trump como “cruel, enferma, descorazonada e inhumana”.
Perez indicó que “no existen palabras… para describir plenamente el carácter" de esta medida, pues al excluir del asilo a las víctimas de abuso doméstico y de las pandillas, "Trump está atacando a la gente más vulnerables de nuestra sociedad”, deploró.
En su decisión, Sessions argumentó que el "refugiado típico" huye de su país porque existe persecución por parte del gobierno directamente, o indirectamente porque el gobierno no fue capaz de evitar una conducta abusiva por parte de actores no gubernamentales.
El procurador sostuvo que cuando el victimario no es parte del gobierno, un juez migratorio debe considerar las razones del daño infligido y el papel del gobierno al patrocinar o hacer posible tales acciones.
“El estatuto de asilo aplica cuando la persecución procede contra el miembro de un grupo protegido y la víctima no puede encontrar protección excepto pidiendo refugio en otro país”, señaló.
Expertos creen que miles de víctimas de violencia podrían ser afectadas por la disposición de Sessions, adoptada en medio de un repunte de detenciones en la frontera de inmigrantes procedentes de Centroamérica, algunos de los cuales huyen de las pandillas.
La administración Trump detuvo a 51 mil 912 inmigrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos en mayo pasado, un aumento de 160 por ciento en relación con el mismo mes de 2017, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Por tercer mes consecutivo, el número de detenciones migratorias por parte de las autoridades estadounidenses rebasó la marca de las 50 mil personas.
La administración Trump implementó asimismo una política de tolerancia cero, según la cual todas las personas que crucen la frontera de forma ilegal serán acusadas de cargos criminales federales y serán objeto de la separación de padres e hijos.
