(EL UNIVERSAL)
Si no se avanza en el combate a la corrupción, el nuevo gobierno va a tener que enfrentar un costo muy alto porque este problema es el obstáculo más grande para el desarrollo del país y de las empresas, dijo Fernando Senties, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC).
Las cifras del costo económico de la corrupción en México van de 2% a 9% del PIB, pero esta gran diferencia se debe a que las estimaciones más conservadoras se limitan a determinar el costo basado únicamente en los pagos facilitadores para agilizar trámites o sobornos para evitar multas y cosas que son relativamente fácil de medir.
Sin embargo, algunos otros estudios consideran otros aspectos que van más allá de lo que se paga, como el costo de oportunidad, es decir, cuanto se deja de invertir en el país porque hay corrupción, por lo que el valor ampliado de ese problema, no sólo por el costo del hecho en sí mismo, sino por sus consecuencias puede ir de 5% a 9% del PIB, estimó el especialista.
El tema de la deshonestidad se ha convertido en una bandera clave de la contienda política por la presidencia, por lo que la postura de los principales candidatos es clave para saber lo que puede suceder en el futuro, en particular por lo que se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción.
Tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya han sido claros en la necesidad de impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ha dicho dos cosas que preocupan sobre el impulso al sistema, dijo Senties; el primero, que él no tiene confianza en la sociedad civil organizada, y el segundo, que él quiere nombrar al fiscal anticorrupción, siguiendo el modelo donde el presidente nombra al funcionario a modo con sus intereses.
El verdadero problema de México no es la corrupción sino la impunidad, y lo que puede suceder es que se va a seguir agudizando. Todos lo usan como bandera para ganar las elecciones, hablar de la corrupción es algo que todos quieren escuchar, pero sólo quien tome al toro por los cuernos va a cambiar las cosas en México, afirmó el presidente de la AMPEC.
Desde que se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y posteriormente derivado de esa la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor el 19 de julio del año pasado, lo que se está pretendiendo es que las organizaciones del gobierno y privadas implementen programas de ética y de integridad.
Pero esto es sólo una parte del problema, lo más grave hasta este momento es la falta de independencia de la fiscalía (que en este caso es la PGR), porque impide que se persigan todos los actos de corrupción, como el caso de Odebrecht con Pemex, debido a que la procuraduría protege a gente que financió las campañas del PRI, aseveró el directivo.
Lo que está impulsando la sociedad civil para que eso no suceda y no haya nadie por encima de la ley, es la reforma al artículo 102 constitucional para que la fiscalía sea realmente independiente e investigue a cualquier persona, incluyendo al presidente mismo, como ha sido el caso de Brasil, Perú y Guatemala.
Transformación. Con el Sistema Nacional Anticorrupción se modificaron siete leyes, creando dos instituciones nuevas: el Comité de Participación Ciudadana y la Fiscalía Anticorrupción; y se reformaron otras cinco leyes, entre esas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que se asignen a 18 magistrados especializados en ese rubro.
Es decir, esta parte, desde el punto de vista legal, fue hecha, pero no está consumada porque el Congreso no se ha puesto de acuerdo para nombrar al fiscal y no ha aceptado las propuestas que hizo el presidente para los 18 magistrados especializados.
Sin embargo, el Congreso acabó el 30 de abril su periodo ordinario, y aunque se habló de que estos temas pueden ser retomados en un periodo extraordinario, no será sino hasta pasadas las elecciones con la definición del nuevo presidente cuando se tenga más certeza en torno al futuro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
Y también será caro el daño ambiental
Para 2016, los costos por agotamiento y degradación ambiental fueron equivalentes a 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con estadísticas a propósito del "Día Mundial del Medio Ambiente", el costo por la degradación ambiental fue de 4.0 por ciento, derivado principalmente de las emisiones contaminantes al aire provenientes de las fuentes móviles como autos particulares, camiones de pasajeros, camiones de carga y taxis, entre otros.
Adicionalmente, la degradación por residuos sólidos urbanos para 2016 fue equivalente al 0.3 por ciento del PIB, de los cuales, el 11.6 por ciento correspondió a los residuos plásticos.
En dicho año, los gastos del sector público en favor del ambiente fueron del orden de 130 mil 770 millones de pesos; es decir, una cifra equivalente al 0.7 por ciento del PIB Nacional.
Del Gastos en Protección Ambiental (GPA) total, el 8.5 por ciento correspondió a la gestión de residuos, en donde se incluyen acciones como captación, traslado y tratamiento de residuos, incluyendo los plásticos.
Otras actividades que conforman el GPA total son: las erogaciones realizadas para la protección del aire-ambiente y clima con un 35.2 por ciento, y el gasto en otras acciones diversas de protección ambiental con un 16.6 por ciento.
Así como la captación, traslado, tratamiento y actividades de gestión de las aguas residuales con 15.9 por ciento, y la protección de la biodiversidad con 8.6 por ciento, que incluye actividades como forestación y reforestación, conservación de ecosistemas, limpia de barrancas, gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre otras.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Eurostat, los Gastos en Protección Ambiental del sector público como proporción del PIB de México resulta similar al de países como España, Chile, Reino Unido, Países Bajos, entre otros.
