Las evidencias que se hallaron en el estudio evidencian que ‘estamos ante una farsa’. (ARCHIVO)
Por cada peso que un candidato a gobernador reporta como gasto de campaña, hay otros 15 pesos que "mueve en la oscuridad" porque nunca los reporta y su origen es desconocido.
Además, gracias a mecanismos ilegales que permiten encubrir gastos de campaña, el costo real de estas puede superar hasta 10 veces el tope legal.
De este modo, las últimas elecciones de gobernador en las 32 entidades del país antes de 2018 tuvieron un tope promedio de gasto de 46.8 millones de pesos, pero en realidad habrían alcanzado un gasto real promedio ejercido de 460 millones.
Estas son evidencias que presenta el estudio "Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México', para ejemplificar las operaciones a que recurren partidos y candidatos para evadir la ley en los gastos de campaña.
Elaborado por las organizaciones civiles Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la consultora Integralia, el estudio advierte que "el financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana".
María Amparo Casar, directora de MCCI y académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) advierte que "mucho de ese dinero ilegal primero tiene que ser transformado en efectivo, de forma tal que no haya una transacción bancaria que permita rastrearlo".
El informe detalla que hay tres mecanismos ilegales para obtener dinero para las campañas en México. Estos son: " desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado". El estudio sólo aborda las dos primeras formas de fondeo ilegal.
El desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias modalidades. Entre las más comunes están la recaudación en efectivo que no se reporta a las tesorerías, el uso de facturas apócrifas para comprobar gastos en bienes o servicios que nunca se recibieron, la adjudicación directa y subcontratación forzosa de obra pública y bienes y servicios, así como los sobrecostos asociados a ellas.
También están los descuentos de nómina mediante los cuales se les retiene a los empleados del gobierno parte de su sueldo para ser enviado a un partido político, la utilización de programas sociales con fines electorales; la recaudación de pagos ilegales por permisos de construcción y ambulantaje, y los arreglos con medios de comunicación para el uso de publicidad gubernamental en apoyo a campañas electorales.
El financiamiento privado ilegal a su vez implica, según el estudio, "la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasmas o de fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros", añade el estudio.
Las evidencias que hallaron los investigadores en el estudio evidencian que "estamos ante una farsa, un gran engaño", dijo Casar.
NO PUEDEN SER RASTREADOS
El estudio encontró que en los meses previos a las campañas electorales la circulación de dinero en efectivo en México aumentaba hasta el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que indica la magnitud de los recursos en papel moneda que se mueven en las campañas electorales, con el fin de que ese dinero no pueda ser rastreado.
"Hicimos un trabajo con los datos oficiales del Banco de México, donde descubrimos que en los meses anteriores a la campaña, de enero a junio, sube 37,000 millones de pesos el dinero en efectivo que hay en la economía", dijo Casar.
"Es curioso el dato de que repentinamente en los cuatro meses de campaña suban las transacciones en efectivo", aseguró la investigadora. "Hay compañías especializadas que se dedican a lavar el dinero y transformarlo en efectivo para que no pueda ser rastreado", agregó.
El rubro más importante de gasto son las estructuras clientelares, a través de las cuales los partidos gastan sumas millonarias para comprar votos mediante dinero en efectivo, despensas, entrega de materiales de construcción, entre otros.
Según estimaciones hechas para el reporte, la operación de clientelismo para una campaña de gobernador en un estado de tamaño mediano cuesta 290 millones de pesos, y el costo promedio para la compra de votos es de 1,000 pesos en las zonas urbanas y 500 pesos en zonas rurales.
El segundo destino más importante del dinero ilegal es el pago de cobertura en medios de comunicación. El estudio advierte que en las entidades donde se realizaron elecciones a gobernador, durante 2016 y 2017, el gasto en comunicación oficial fue 1,000% mayor que lo presupuestado.
"Hay más competitividad, y si hay más competitividad, los partidos requieren más inversión para ganar las elecciones: a eso se deben las estructuras electorales", explicó Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y ex consejero presidente de lo que fue el Instituto Federal Electoral (hoy INE).
Ugalde advirtió que frente al clientelismo, una opción es el voto obligatorio, que podría romper sus cimientos.
"Cuando el costo de trasladar a los votantes recae en el partido y las campañas, tienes que invertir ahí. Si el ciudadano está obligado a ir, porque sabe que si no lo hace recibe una multa o no puede realizar trámites oficiales, entonces el costo se traslada de los partidos a la sociedad", dijo.
El caso Coahuila
La elección de gobernador en Coahuila, en 2017, es un ejemplo que evidencia los mecanismos ilegales a los que recurren candidatos y partidos para encubrir sus gastos de campaña.
"El caso de Coahuila es una muestra de las diversas dificultades en el modelo actual de fiscalización", afirma el estudio "Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México".
Si como promedio nacional el estudio advierte que por cada peso gastado en campaña, hay 15 pesos más que no se reportan, en Coahuila la relación sube a 18.82, lo que coloca al estado por arriba del promedio de gasto detectado en campañas para gobernador en las 32 entidades.
Respecto del flujo de efectivo detectado el estudio reporta, por ejemplo, que en Coahuila hubo un incremento de aproximadamente 900 millones de pesos entre los meses de marzo y mayo previos a las elecciones, mientras que en 2016, en el mismo periodo, el crecimiento en el flujo de efectivo fue de apenas 37 millones de pesos.
El estudio también pone como ejemplo a Coahuila en la "compra indirecta" de votos. Esto mediante una red de abasto que operó durante la campaña, la cual "consiste en una red organizada de señoras para comprar despensas a precios muy bajos -subsidiadas por el partido o el gobierno- y provocar así lealtad entre las amas de casa y el candidato".
Las estructuras clientelares del PRI en la elección de 2017 también quedaron demostradas en esta entidad, donde no ha habido alternancia.
De acuerdo con el estudio, las principales redes clientelares del PRI se encontraban en territorios sin alternancia política, entre ellos Coahuila.
En la entidad también hubo pago a la manutención de estructuras clientelares y a actividades orientadas a conseguir más votos en el terreno.
"Un ejemplo de lo anterior es la comentada elección de Coahuila en 2017, impugnada porque los contendientes del PAN y del PRI rebasaron presuntamente los topes de campaña en más de 5%. Entre esos rubros de gasto se encontraba el pago a representantes de casilla (se estima que cada uno recibió 1,155 pesos) y representantes generales (se calcula que cada uno recibió 1,459 pesos)", anota el estudio.
El estudio calcula que si en Coahuila el tope de gasto de campaña en 2017 fue de 20.16 millones de pesos, el gasto de nómina para mantener a las estructuras clientelares de los partidos pudo haber alcanzado la cifra de 164.37 millones de pesos.
El gasto en comunicación del gobierno del estado, que tuvo un presupuesto aprobado de 528.50 millones de pesos, se rebasó 81.60% al sumar 959.56 millones de pesos.
Pese a las irregularidades de gasto, en Coahuila sólo hubo 4 carpetas de investigación abiertas por peculado a propósito de las elecciones de 2017.
