Foto: Archivo Siglo Nuevo
Los programas de Responsabilidad Social Empresarial van acompañados, normalmente, por certificaciones nacionales e internacionales con múltiples beneficios para las compañías que deciden adoptar sus estándares.
¿Se relacionan los derechos humanos de las personas con discapacidad con el ejercicio empresarial? ¿Puede una empresa ser responsable de violaciones a derechos humanos en este contexto? ¿Qué regulación existe al respecto? ¿Por qué a un negocio debería importarle desarrollar una política corporativa de inclusión? ¿Beneficia o perjudica a un empresario el invertir esfuerzos en la materia? Para poder responder es preciso definir dos conceptos: derechos humanos y discapacidad.
Sobre el primero, basta con citar al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que define a su ámbito de acción como aquellos “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o ético, color, religión, lengua o cualquier otra condición”.
Para la segunda es necesario recurrir al instrumento internacional más importante en la materia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el preámbulo de este tratado se le define como “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan sus participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Una vez entendidos los conceptos anteriores, ¿cómo es que éstos tienen relación con la empresa? La respuesta se encuentra en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entendida ésta, en palabras del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), como “el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la corporación, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”.
En efecto, las líneas de respetar los derechos humanos y a las personas con discapacidad convergen estratégicamente en cualquier política de RSE. Ésta constituye un compromiso público de las corporaciones con sus trabajadores y la sociedad, lo cual repercute positivamente tanto hacia el exterior como al interior de la empresa.
El municipio de Xalapa recibió el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo por aplicar una política de buenas prácticas laborales e inclusión. Foto: La Atenas de la noticia
A mediados de 2017 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó, en colaboración con el Pacto Mundial de la ONU, un documento, titulado Guide for Business on the Rights of Persons with Disabilities, dirigido a que las empresarios comprendan los beneficios de la inclusión de personas con características especiales en el contexto de la promoción y respeto de las garantías elementales por parte de la iniciativa privada. Del mismo modo, pretende ser un instrumento de obligada referencia para profesionales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de derechos humanos.
PAPEL HABLA
Los programas de Responsabilidad Social Empresarial van acompañados, normalmente, por certificaciones nacionales e internacionales con múltiples beneficios para las compañías que deciden adoptar sus estándares.
En México existen varios distintivos. El de Empresa Socialmente Responsable, o ESR, lo otorga el Cemefi y reconoce a los centros laborales que han implementado prácticas de impacto social y sustentabilidad medioambiental. Otro ejemplo es el de Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo que expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal a empresas con prácticas de inclusión laboral que benefician a individuos pertenecientes al colectivo LGBTTTIQA (acrónimo utilizado para referirse a la diversidad de orientaciones en materia de sexualidad: personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, queer y asexuales), adultos mayores y, principalmente, personas con discapacidad.
En el ámbito internacional existe el distintivo Global Reporting Initiative, estándar global y pionero en lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de los negocios que deseen evaluar su desempeño económico, ambiental y social. También existe el Great Place to Work, enfocado a certificar un sano clima laboral así como las buenas prácticas en materia de diversidad e inclusión dentro de los lugares de trabajo.
La profesora asistente Sara Riggs, observa cómo los estudiantes de ClemsonLife se preparan para trabajar en el Centro de Distribución de Walgreens. Foto: Ross Norton
BENEFICIOS
¿Cuáles son los beneficios de adoptar políticas de responsabilidad social corporativa? En México, son diversos.
Las empresas que contratan personas con discapacidad se postulan para ver esa acción reflejada en sus declaraciones fiscales. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 186, otorga el beneficio de deducir el 100 por ciento del impuesto retenido y enterado correspondiente a los trabajadores con discapacidad. El citado artículo también contempla un estímulo por contratar personas mayores, consistente en una deducción de impuestos equivalente a un 25 por ciento del total del salario efectivamente pagado al empleado con 65 años o más de edad. Finalmente, en el artículo 40, fracción XIII, de la ley del ISR se prevé la deducibilidad del 100 por ciento sobre adaptaciones a las instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo y que tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente.
Otro ejemplo radica en el ámbito de las licitaciones públicas para adquirir bienes, arrendamientos o servicios (que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes). La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 14, párrafo segundo, otorga preferencia a personas con capacidades diferentes y a empresas cuya plantilla esté integrada con al menos un 5 por ciento de empleados con discapacidad cuya antigüedad no sea inferior a 6 meses.
Otro beneficio de implementar prácticas socialmente responsables es la capitalización de activos intangibles como las marcas. En septiembre de 2003, la consultoría chilena Sofofa Responsabilidad Social llevó a cabo una encuesta para cuantificar los beneficios de implementar acciones con compromiso social. Un hallazgo destacado fue que alrededor del 32 por ciento de las empresas en las que se hicieron entrevistas reportó que el principal beneficio de la implementación de la RSE fue la mejora de su imagen corporativa y de su reputación como marca. La opinión positiva se reflejó en un incremento en las ventas de sus productos y servicios. Ejemplo de ello es de la cadena de farmacias estadounidense Walgreens. Se ha vuelvo famosa por su política de inclusión laboral, un 10 por ciento de su fuerza laboral lo constituyen personas con discapacidad intelectual.
Las certificaciones y prácticas de RSE son una vía ágil y segura para que las empresas obtengan beneficios.
Decantarse por la promoción y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad va más allá de una mera obra social; constituye una estrategia real y efectiva para aumentar la rentabilidad de cualquier negocio.
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