Además, el juez argumentó que de mantener la suspensión concedida previamente se paralizaría el procedimiento penal en el que están involucrados los tres quejosos. (ARCHIVO)
Un juez federal negó suspender la judicialización (consignación) de las carpetas de investigación que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) contra el empresario queretano, Manuel Barreiro Castañeda, investigado por lavado de dinero a favor de la familia del aspirante presidencial, Ricardo Anaya.
Además, el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión de consignaciones a la esposa del empresario, Ana Paula Ugalde y a su colaborador, Juan Pablo Olea Villanueva.
Los quejosos solicitaron al juez frenar la judicialización de las carpetas de investigación que tiene la PGR en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que promovieron contra la omisión a dejarles acceder a las mismas.
El acuerdo publicado este lunes fue dictado en cumplimiento a las sentencias emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito en el que ordenó revocar las suspensiones que el juez les concedió a los quejosos al inicio del juicio de garantías.
Además, el juez argumentó que de mantener la suspensión concedida previamente se paralizaría el procedimiento penal en el que están involucrados los tres quejosos.
"De otorgar la medida cautelar para que la responsable no determine la carpeta de investigación, implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente la etapa de investigación (primera etapa del procedimiento penal), pues el efecto de la suspensión sería que no se ejerza la acción penal, es decir, que no se solicite a la autoridad judicial que se le cite a la audiencia inicial y con ello, el Ministerio Público quedaría imposibilitado para formular imputación, que es el acto procesal con el que se da paso de la fase inicial a la fase complementaria de investigación, y eventualmente solicitar la vinculación a proceso, con lo que se trastocaría el orden público y el interés social", indicó el juzgador.
