Un conflicto de intereses es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones (Contraloría General de la Ciudad de México). También es uno de los principales enemigos a vencer en el combate a la corrupción. Genera desvío de recursos; incurre en prácticas de nepotismo; agrega carga burocrática en las instituciones; oculta, altera o dificulta el acceso a la información pública; construye complejas redes clientelares, partidistas; en general, aumenta el costo económico y político de la operación de dependencias o administraciones enteras, a cualquier nivel de gobierno.
La estela de conflictos de interés y redes clientelares tejidas desde las administraciones de Humberto y Rubén Moreira es difícil de rastrear cuando permean también a los organismos autónomos encargados de velar por los intereses de los ciudadanos en contrapeso al poder del estado, o directamente de combatir a la corrupción.
Esta semana leímos una segunda parte del reportaje sobre el gasto en publicidad oficial (publicado en www.redespoder.com) del último año de la administración de Rubén Moreira, y seguimos sin dar crédito del nivel de dispendio de recursos públicos empleados en pleno año electoral para propaganda del gobierno del estado.
Además de haber gastado 170% más del presupuesto en ese rubro autorizado por una legislatura que estuvo al servicio del Rubén durante su gobierno, el reportaje denuncia por lo menos dos casos de posible conflicto de interés en la asignación de recursos públicos a empresas de medios:
El primero involucra a miembros de la familia Juaristi, quienes administran los medios de comunicación con mayor concentración en el reparto de los recursos para publicidad del estado (recibieron más de 158 millones de pesos pagado en facturas a doce empresas de la misma familia), y a su vez fueron beneficiados con contratos para recolección de basura en Piedras Negras con vigencia hasta el año 2032.
El segundo caso que denuncian es el del entonces legislador Melchor Sánchez de la Fuente. En funciones, el diputado recibió casi 9 millones de pesos de los coahuilenses por servicios de publicidad para el gobierno del estado.
Un tercer caso, el de la ahora candidata del PRI a la alcaldía de Monclova, quien también es dueña de una empresa editorial que recibió 12 millones de pesos en 2017.
Jueces y partes en el combate a la corrupción
También en 2017 la Alianza Anticorrupción Coahuila señaló el proceso simulado de construcción de un Sistema Estatal Anticorrupción sin uñas ni dientes para combatir a la corrupción imperante en nuestro estado. Al analizar los perfiles de quienes fueron elegidos por el congreso de Rubén para integrar la comisión de selección del SEA, algunas organizaciones decidimos dejar de participar con candidaturas para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Nuestro argumento era sencillo: el proceso del que fuimos testigos fue una tomada de pelo para la sociedad civil y los ciudadanos de nuestro estado. Pocos meses más tarde, después de haber recibido críticas por parte de algunos medios y actores políticos en Coahuila, observamos con pena al nuevo gobernador confirmar que nuestras sospechas no eran infundadas: Blas Flores Dávila, integrante hasta la fecha de la comisión de selección, fue llamado por Riquelme para integrar su gabinete, como nada menos que secretario de Finanzas. Otro integrante de la misma comisión, Carlos Alberto Arredondo Sibaja, declaró desde ese nombramiento y repitió esta semana, que ni siquiera en su papel de vocero de la comisión está obligado a tener una postura al respecto. Tampoco la tiene respecto al nuevo nombramiento, como subsecretaria de planeación educativa de la Secretaría de Educación de Coahuila, de otra integrante del mismo organismo: María del Carmen Ruiz Esparza.
Ambos funcionarios públicos estarán encargados, de no renunciar como lo ha solicitado ya también el diputado Marcelo Torres en un punto de acuerdo, de seleccionar a un nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana este mismo año. Es decir, ellos elegirán a quienes tendrán el encargo de vigilarlos.
En el diplomado "Ética Pública y Corrupción: Sistema Estatal Anticorrupción-Coahuila", el mismo señor Arredondo Sibaja estará a cargo del módulo referente a conflicto de intereses en el sector público y privado. Ojalá entonces sí pueda compartirnos una postura, académica al menos, y podamos enriquecerla con ejemplos como estos que menciono en el texto, para contribuir con mecanismos y estrategias que pongan un freno al despilfarro y un contrapeso al ejercicio desmedido del poder en nuestro estado.
Facebook: @pc29laguna
Twitter: @pc29laguna
Correo: comunicació[email protected]
