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En Día de la Libertad de Prensa, piden a EPN no promulgar 'Ley Chayote'

En una carta abierta signada por más de 50 organizaciones, activistas y periodistas, señalan que esta ley no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer censura. (TWITTER)

En una carta abierta signada por más de 50 organizaciones, activistas y periodistas, señalan que esta ley no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer censura. (TWITTER)

EDITH GONZÁLEZ

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora el 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas, exigen al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no promulgar la Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Poder Legislativo el pasado 25 de abril y que ha sido bautizada como la #LeyChayote.

En una carta abierta signada por más de 50 organizaciones, activistas y periodistas, señalan que esta ley no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer censura.

“Como lo prevé el artículo 72 fracción A de la Constitución, usted, señor Presidente, como titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de no promulgar esta ley regresiva y hacer las observaciones necesarias a esta norma para que regrese a su Cámara de origen”.

Organizaciones aglutinadas en el colectivo #MediosLibres han señalado que la ley no garantiza la imparcialidad en la asignación de contratos; la creación de organismos autónomos encargados de dichas contratos, ni la existencia de figuras para vigilar y auditar los recursos destinados a gastos de comunicación social.

“Es una muestra clara de que no hay garantías para la libertad de expresión y que a través del control del uso de la publicidad oficial se inserte un control indirecto, pero muy efectivo sobre los medios y se ejerce también una forma de censura sutil”, dice Julián Mejía, presidente de la asociación Renacer Lagunero, uno de las firmantes de la carta.

Recordó que en el caso del estado, en el 2017 -año electoral- Coahuila se colocó como la entidad que registró el mayor gasto en publicidad a nivel nacional, con 1,428 millones de pesos.

“Coahuila es un gran ejemplo de ello, recientemente salió un reportaje donde se describe la asignación del gasto y la frecuencia del gasto hacia ciertos medios que han salido favorecidos; no está claro cuáles son los criterios, porque se favorece a los mismos, cual es el impacto real de los medios que tienen a la hora de generar opinión pública y también dejan entre ver vínculos y conflictos de intereses entre los mismos”.

Otra de las firmantes es la activista y periodista lagunera, Leonor Gómez Barreiro, quien considera necesaria la regulación para que los contenidos de los medios no estén condicionados.

“Queremos que la publicidad oficial se transparente, que tenga una regulación adecuada, que no se pervierta la libertad de expresión, ni de un medio de comunicación, ni de periodistas porque esté condicionada su postura porque recibe recurso público y en ese sentido estamos pidiendo la regulación de la Ley de publicidad oficial”.

En el día mundial de la Libertad de Prensa, el colectivo recordó que México es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo y este tipo de leyes contribuyen a la censura y los riesgos que contrae.

“Los agravios contra periodistas continúan y están muy relacionados con el condicionamiento a su libertad de expresión, por lo tanto la regulación de la publicidad oficial tiene que ser un tema constante en las agendas de sociedad civil y en los periodistas”, concluye Gómez Barreiro.

Ante esto #MediosLibres propone: criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial; controles presupuestarios, limitar y prohibir los sobre ejercicios y establecer un tope de gasto en este rubro; prohibir la promoción personalizada en el marco de los informes anuales; desaparecer la existencia de los mensajes extraordinarios; crear mecanismos externos de control para la evaluación y fiscalización de la publicidad oficial, esto último fue una promesa del ejecutivo y plasmada en el compromiso 95 del pacto por México.

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