Salpica. El caso Odebrecht también tocó a la administración de Felipe Calderón.
Sobre el tema de corrupción, Margarita Zavala no pierde la oportunidad de valorar lo realizado en el sexenio de esposo, Felipe Calderón. Pero una revisión de algunos de los casos más emblemáticos de corrupción que se presentaron en el sexenio 2006-2012, que continúan sin castigo, confirman que la defensa de Zavala se queda corta.
Contratos a empresas irregulares
La organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad hizo un recuento de la asignación de contratos petroleros a empresas ligadas con personajes del Partido Acción Nacional (PAN), durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Uno de los casos mencionados en la investigación, es un contrato equivalente a casi mil millones de pesos asignado a la empresa fantasma Servicios de Alquiler en Hidrocarburos (SAH), S.A. de C.V. , ubicada en Nuevo León y que utilizaba como prestanombres a una familia residente de una colonia popular de Monterrey. En ese momento el director de Pemex era Juan José Suárez Coppel.
Esta empresa fue creada en 2010, en el acta inscrita aparecen como socios los hermanos Fernando y José Ángel Camarillo Cerda, y la esposa de éste último, Rocío Guillén García, quienes residen en dos viviendas humildes en la Privada Independencia de la colonia Moderna de Monterrey.
Los mismos tres socios aparecen como dueños de otra empresa, Desarrolladora Especializada en Inmuebles MJL, la cual estuvo involucrada en la reventa de un terreno, propiedad del municipio de San Nicolás. En dicha ocasión, el alcalde Carlos de la Fuente vendió el terreno en 21.8 millones de pesos. A los pocos días, este fue revendido en 70 millones.
Otro contrato se asignó a la empresa Seadragon de México, cuya creación se dio sólo un día después del lanzamiento de la licitación para la renta de una plataforma de perforación. Es decir, los inversionistas crearon a dicha empresa mientras estaba en curso el plazo para inscribirse a la licitación de la plataforma. La asignación de dicho contrato involucró un total de 10 mil 300 millones de pesos. El titular de Pemex era Jesús Reyes Heroles.
El dueño fundador de Seadragon, José Farrera Redondo, es esposo de Rocío Matesanz Santamaría, actual diputada federal del PAN.
Odebrecht con Calderón
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la empresa brasileña Odebrecht tuvo relación comercial con el gobierno de Calderón. La Auditoría Superior de la Federación señaló anomalías en las obras asignadas a la compañía que ha sido vinculada a esquemas de corrupción con gobiernos de toda América Latina y sus filiales.
MCCI tuvo acceso a documentos internos de la ASF en donde se señalan "anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, (que) fueron descubiertas por la ASF desde 2010 y reportadas al órgano interno de control en PEMEX en febrero del 2011 y pese a ello no se promovieron sanciones o acciones penales contra el poderoso consorcio".
La auditoría de la cuenta Pública 2012 -el último año de gobierno de Felipe Calderón-, revisada por Verificado 2018, muestra que Odebrecth obtuvo dos contratos, el primero con el grupo formado por las empresas Río San Juan Construcciones, Técnicas Reunidas, y Constructora Norberto Odebrecht, con fecha de conclusión de los trabajos 7 de enero de 2008; el segundo con la empresa Ebramex, también subsidiaria del consorcio brasileño, con fecha de conclusión 4 de marzo de 2008.
Por ambos contratos Pemex Refinación debía pagar 634.9 millones de dólares, aunque de acuerdo con la auditoría hasta 2012 el sobrecosto era ya de 136 millones de de dólares, más del 20% del costo inicial. Aunque, a decir de la investigación realizada por MCCI, en ese mismo año el gobierno de Calderón pagó 143 millones de dólares más. Al final los trabajos pagados a Odebrecht superaron los mil millones de dólares. MCCI estimó el sobrecosto en 66%.
En el gobierno del panista también asignó a la empresa Braksem, otra de las subsidiaria de Odebrecht, y a la mexicana Idesa, un contrato para el abastecimiento de gas etano a precios preferentes por 20 años para el proyecto Etileno XXI. La información de las condiciones de ese contrato se han mantenido bajo reserva, pero ha provocado la exigencia por parte de legisladores para que la ASF investigue el caso y se congele dicho contrato, aunque las mismas han sido detenidas en la cámara de diputados por legisladores del PRI.
