En numerosos foros, e incluso durante esta campaña presidencial de 2018, el tema del rol de las organizaciones de la sociedad civil ha sido protagónico. No cabe duda que los organismos hemos ganado espacios, desde lo local y en la agenda nacional, para convertirnos en contrapesos al ejercicio de poder desmesurado.
Una muestra contundente la acaba de encabezar Artículo 19, organismo especializado en la defensa de la libertad de expresión, de medios y reporteros. En el año 2014, sus representantes legales interpusieron un recurso de amparo contra la llamada "reforma político-electoral", especialmente señalando que dicha reforma ordenaba la emisión de una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial, y el Congreso no había legislado todavía al respecto.
El caso fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala lo atrajo en agosto de 2015. La SCJN sentenció en noviembre del mismo año que, en efecto, el Congreso de la Unión había sido omiso en expedir la ley. Tras esta batalla ganada, el tema quedó en la cancha de diputados y senadores, de intereses partidistas, y como siempre, sus voluntades.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, enfocados en temas de Derechos Humanos, Libertad de Expresión y Buen Gobierno, entre los que destacan Artículo 19 y Fundar, integraron el colectivo #MediosLibres para promover un diálogo con las comisiones del Congreso encargadas de elaborar y aprobar la mencionada ley. Cuando conocieron el contenido de la ley que había integrado la Cámara de Diputados, advirtieron en redes sociales y ante medios de comunicación (aquellos que decidieron brindarles un espacio) que dicho documento no resolvía la problemática, sino que posiblemente la acentuaba. A partir de entonces se le conoció como #LeyChayote y se organizaron diferentes movilizaciones y comunicados a los que se sumaron OSC de la CDMX y otros estados.
Además de #MediosLibres, organismos autónomos como la CNDH, el INE y el INAI, sumaron voces contra la aprobación de este decreto. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU, instancias de la CIDH y la OEA, también se pronunciaron afirmando que dicha ley es contraria a los acuerdos internacionales que México suscribe en materia de libertad de expresión y prensa.
Ahora sabemos que el Senado, finalmente, aprobó con 60 votos a favor y 46 en contra, una ley que permite que continúe el uso discrecional de recursos públicos para la contratación de publicidad. A través de su cuenta de Twitter, Article 19 afirmó este 26 de abril que "la ley no resuelve el gasto excesivo y arbitrario, sólo legaliza malas prácticas".
El tema no es menor. Tan sólo en Coahuila, el año pasado (que fue también electoral) el gobierno gastó 170% más del presupuesto aprobado por su Congreso en publicidad del estado. Entre otras implicaciones de este sobreejercicio irresponsable, se encuentran las empresas beneficiadas mayormente por estos convenios y contratos y sus vínculos políticos y comerciales con quienes aprobaron estos gastos.
Además de la importancia y el papel fundamental que la defensa de la libertad de expresión juega en un país con tantos retos democráticos, permitir el uso discrecional de recursos públicos soslayando las necesidades más apremiantes de su población (salud, educación, cultura, entre otras), me parece una muestra clara por parte de nuestros legisladores de que su vocación no es el servicio; su objetivo no es el bien común; su voluntad no es representar a quienes los eligieron y sus intereses no se relacionan en absoluto con los de la mayoría. Cualquier discurso de los candidatos de esos partidos que ahora ruegan por un voto nuestro, si no va acompañado por acciones concretas que respalden lo dicho por sus representantes, con manos en el Congreso, es vacío, deshonesto y, desde mi perspectiva, se articula con dolo para perpetrarse en el poder, a costa de quien se siga dejando.
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