Recursos. El Ayuntamiento de Lerdo se encuentra buscando la manera de poder obtener los recursos para pagar el dinero. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El Ayuntamiento de Lerdo podría ser acreedor a sanciones de no reinstalar a los extrabajadores que recientemente acudieron a exigir este derecho.
Lo anterior fue asegurado por el abogado de 29 de mas de 70 extrabajadores que demandaron al Municipio en 2007, Salvador Olivares de la Cruz, quien dijo que se encuentra preparado para tomar las acciones pertinentes si ese fuera el caso.
El abogado dijo que aunque las sanciones para el Ayuntamiento no representarían un daño muy grande a las finanzas pública, sí tendrían repercusiones legales para el Municipio.
Comentó que dichas sanciones se establecen también en la Ley de los trabajadores al Servicio de los tres poderes del Estado de Durango.
Dicha ley establece que el trabajador podrá solicitar ante el Tribunal Laboral Burocrático, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba
Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario. En caso de reincidencia se sancionará con la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia.
Lo anterior luego de que la última resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo pasado no favoreciera al Ayuntamiento en cuanto al último recurso interpuesto por la Presidencia en octubre del 2017 para dejar sin efecto el laudo dictado por el II Tribunal Colegiado del Vigésimo Quintao Circuito, con sede en Durango, laudo que desde el 2015 ya favorecía a los extrabajadores.
Hasta ahora son 145 millones de pesos lo que correspondería a los extrabajadores que demandaron desde el 2007.
