Se ha solicitado prisión, además de para Turull, para la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y tres antiguos miembros del Gobierno de Carles Puigdemont. (EFE)
La Fiscalía del Tribunal Supremo español pidió hoy el ingreso en prisión del candidato a la Presidencia del Gobierno catalán, Jordi Turull, y de otros cuatro procesados por rebelión tras el proceso independentista en Cataluña, influido por la fuga de una de las procesadas.
Fuentes fiscales dijeron a Efe que se ha solicitado prisión, además de para Turull, para la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y tres antiguos miembros del Gobierno de Carles Puigdemont.
El Ministerio Público hizo esta petición después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesase hoy a trece políticos catalanes por rebelión poco después de conocerse la huida de la número dos de ERC (republicanos de izquierda), Marta Rovira, quien debía haber comparecido ante el magistrado.
Entre los argumentos de la Fiscalía figura que el riesgo de fuga existente se ha acrecentado por la huida de Rovira y también argumenta que existe riesgo de reiteración delictiva.
Si el juez acepta esta petición, se vería afectada la posible elección de Turull como presidente de Cataluña en el Parlamento regional, que ha convocado para mañana la segunda votación tras fracasar por falta de apoyos la celebrada ayer.
El Ministerio Público también pidió hoy a Llarena que solicite una orden de detención internacional para seis procesados que hoy no acudieron al Tribunal Supremo por estar huidos, entre ellos Puigdemont, cuatro miembros de su antiguo gobierno y la citada Marta Rovira.
Además de estos seis, también está huida la antigua portavoz de la CUP (grupo independentista antisistema), Anna Gabriel, pero para ella no ha solicitado el arresto.
Tanto a Marta Rovira como a los cinco exmiembros del Gobierno catalán que se encuentran huidos, el juez les atribuye un delito de rebelión, que en España lleva aparejadas penas de entre 25 a 30 años.
Los procesados contribuyeron a la convocatoria de un referéndum a favor de la secesión de Cataluña el pasado 1 de octubre y posteriormente aprobaron la declaración de independencia de esa región el pasado 27 de octubre, pese a que el Tribunal Constitucional había declarado ilegales ambas actuaciones.
