El ministro escocés para el 'brexit', Michael Rusell, dijo, en declaraciones a los medios, que el Gobierno aún tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Theresa May, lo que haría innecesario mantener la ley aprobada hoy. (ARCHIVO)
El Parlamento de Escocia aprobó hoy su propia ley para incorporar la legislación europea al derecho escocés una vez se materialice la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tras no lograr un acuerdo con el Gobierno británico sobre el reparto de las competencias comunitarias.
La norma, que fue tramitada por el procedimiento de urgencia y salió adelante con 95 votos a favor y 32 en contra, persigue preparar a las instituciones escoceses para asumir las competencias derivadas de Bruselas cuando el país abandone formalmente la UE y el periodo de transición termine en diciembre de 2020.
El ministro escocés para el "brexit", Michael Rusell, dijo, en declaraciones a los medios, que el Gobierno aún tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Theresa May, lo que haría innecesario mantener la ley aprobada hoy.
"Estamos comprometidos todavía con las negociaciones con el Gobierno británico. Esperamos que reconozcan la visión abrumadora expresada por el Parlamento escocés y la Asamblea Nacional de Gales, y que presenten propuestas que respeten el acuerdo de devolución (de competencias) y nos permitan llegar a un acuerdo", señaló.
El Gobierno regional de la nacionalista Nicola Sturgeon presentó este proyecto de ley como medida de presión tras no conseguir pactar con Londres acerca de los más de 110 poderes que volverán a ser responsabilidad de las instituciones británicas.
En concreto, Escocia y Gales exigen que todos ellos pasen a estar bajo la jurisdicción de los parlamentos regionales, mientras el gabinete de May quiere retener 24 competencias en materia de agricultura, pesca, política alimentaria y medio ambiente para crear un marco legal común con aplicación en todo el territorio.
La Asamblea regional de Gales aprobó también hoy su propia legislación, un movimiento que los analistas interpretan como un desafío a la autoridad del Parlamento de Westminster, donde la ley general del "brexit" ya ha pasado su primer trámite en la Cámara de los Comunes y ahora está siendo tramitada por la de los Lores.
En Escocia se abre ahora un período de cuatro semanas durante el cual las instancias judiciales pueden llevar la normativa ante el Tribunal Supremo si consideran que excede los poderes de Holyrood, lo que supondría una situación sin precedentes para este Parlamento.
