Robo en despoblado
Medrosos en extremo, pusilánimes, e indecorosos se han vuelto los ciudadanos que han sido (y son) empleados en municipios coahuilenses, por no denunciar un robo a su salario; pillaje que por su constancia es ya parte de los malos usos costumbres que se han enraizado como mala hierba en el ejercicio político de la burocracia, al promover la práctica de la retención de un porcentaje del salario como una simulada donación “voluntaria” hacia los partidos y/o asociaciones políticas preponderantes no sólo en este estado sino en la mayoría de las entidades de nuestro país.
De nada ha servido la denuncia que ha hecho la Auditoría Superior del Estado de esta ilegal práctica en los municipios gobernados por priistas, panistas y verde ecologistas; y de nada ha servido tampoco que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya calificado este acto como inconstitucional, en violación al artículo 134 de la Constitución Federal, según la ASE.
“No tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre”, sentencia exclamativa originada en las pugnas interétnicas del México colonial, que enuncia y denuncia la imprudencia y culpabilidad de quien se queja de un daño; mas en este caso, quizás el refrán no aplique, dado que más que imprudencia, que denotaría falta de ecuanimidad de parte de la víctima, muestra en el atribulado servidor público un ángulo de cobardía al no exigir sus derechos en esa donación por coacción. Deja, el burócrata del municipio, que le roben impunemente una parte de su salario, que en mucho ayudaría a la economía familiar. Este acto, puede interpretarse como contubernio entre el empleado y el empleador para propósitos aviesos o intereses políticos quizás no compartidos, al que por conveniencia más que por convencimiento, accede el empleado a ceder un porcentaje de lo que por ley le corresponde como fruto de su trabajo.
Otro ángulo de este hecho delictuoso es la tan llevada y traída corrupción, que aunque es rasgo de personalidad no exclusivo del mexicano, se ha metido hasta la médula de los huesos que ya parece consustancial al todo mexicano; mas por fortuna, en analogía con el cáncer, aún no hay metástasis, pues todavía hay muchos mexicanos con principios éticos y valores humanos, que armados con el derecho constitucional en sus manos, con la razón en su mente y la dignidad en su corazón, denuncian y defienden las tropelías que políticos abusivos hacen con sus subordinados.
Cabe señalar que en todo atropello e injusticia hay responsables, y en este caso concreto siempre es el alcalde en turno, pues como titular de la administración pública municipal es el único facultado para ordenar los descuentos, con o sin anuencia de los afectados.
Y como siempre ocurre, donde hay corrupción hay impunidad, pues esta práctica no es de ahora. Tiene ya varios años y desde su inicio fue denunciada como una violación al derecho del trabajador, y ninguna sanción han recibido los alcaldes que han incurrido en esa falta. Eso es impunidad. Es una círculo vicioso, es el “tequiliu”, negro legado del Negro Durazo, que lo mismo se da en la policía, que en otros sectores del servicio público; valga como ejemplo el de vialidad, en el que el esquinero debe “reportarse” con el motociclista, y éste con el patrullero, y así sucesivamente hasta que la cuota asignada llega a la cúpula del gremio.
¿Hasta cuándo hemos de soportar tantos y tantos políticos corruptos, que deciden arbitrariamente acciones inconstitucionales, motivados solamente por intereses personales, en perjuicio de la clase trabajadora y de la democracia?
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
