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La austeridad al revés

El precio de la censura sutil

Foto: Archivo Siglo Nuevo

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REDACCIÓN S. N.

La publicidad oficial se traduce, exponen en Fundar, en relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobiernos y medios en el país. Esas 'relaciones' pueden ser entendidas como terreno fértil para la censura sutil y el desarrollo de redes de corrupción.

En la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, tienen claro que el gremio periodístico en México se enfrenta a riesgos mortales. La violencia y la inseguridad, señalan nada más empezar un reporte que causó ámpulas, socavan la libertad de expresión y el derecho a la información.

Sin embargo, en el documento en cuestión la atención no se centra en las agresiones sufridas por los profesionales de la información sino en un fenómeno menos visible que también contribuye, de forma determinante afirman en Fundar, al deterioro de la situación y el clima adverso que enfrentan los periodistas: la publicidad oficial, entendida como la compra de espacios en los medios de comunicación por parte de los gobiernos.

Este concepto es el que permite la mayor y casi única transferencia de recursos de la administración pública federal hacia los medios de comunicación. En el país, explican, hay una inexistencia de apoyos directos directos e indirectos a las empresas informativas. En cambio, sí existe una frágil rendición de cuentas y fiscalización en materia de dinero público.

Con eso en mente, la organización ha invertido una década a la tarea de documentar y monitorear prácticas y gastos gubernamentales ligadas a la asignación de contratos de publicidad. La elaboración y difusión de informes como el que lleva por título Contar lo bueno cuesta mucho tiene fines como visibilizar el fenómeno y sus alcances, así como el impacto que tiene sobre el ejercicio periódistico y la información que la ciudadanía recibe.

La publicidad oficial se traduce, exponen en Fundar, en relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobiernos y medios en el país. Esas 'relaciones' pueden ser entendidas como terreno fértil para la censura sutil y el desarrollo de redes de corrupción.

IMPACTOS

La investigación de Fundar tuvo por fin revisar y analizar los montos convenidos por el gobierno federal con los medios de comunicación nacionales en el periodo de 2013 a 2016, y hacer una aproximación sobre el gasto del año pasado a partir de información preliminar.

En el centro resumieron sus principales hallazgos en tres puntos:

1.- A inicios de su mandato el presidente Enrique Peña Nieto prometió crear una instancia reguladora de la publicidad oficial. A un año del cambio en el Poder Ejecutivo, no se registra ningún avance.

2.- La administración pública federal gasta cantidades cuantiosas de recursos públicos en publicitarse sin que se pueda conocer el impacto real o si se logran cambios a partir de la información divulgada.

3.- En el sexenio por concluir el gasto en publicidad oficial experimentó un incremento constante acompañado de sobreejercicios de consideración, en el mismo periodo fueron constantes los recortes presupuestales en salud, desarrollo social y medio ambiente.

El contenido duro del informe muestra que cada año a nivel federal se gastan miles de millones de pesos por espacios en los medios.

En 2016, por ejemplo, se ejercieron en ese “contar lo bueno” más de 10 mil 698 millones de pesos. Si se suman los cuatro primeros años del sexenio peñista y los datos de 2017 que tenía a su disposición Fundar al momento de elaborar este informe, el resultado es de 37 mil 725 millones de pesos.

En términos de qué podría haberse hecho con ese dinero, la organización indica que es, multiplicado por cuatro, el monto destinado en 2016 al programa de Productividad Rural de la Secretaría de Agricultura (9 mil 409 millones de pesos). Otra forma de verlo: es dinero más que suficiente para pagar la deuda de Coahuila que, en septiembre pasado (mismo mes en que se difundió el análisis de Fundar), era de 36 mil 348 millones de pesos.

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Foto: Secretaría de Salud de Morelos

AUSTERIDAD AL REVÉS

Conceptos como austeridad o disciplina presupuestaria, tan usuales en el discurso de la clase política mexicana, se llevan bien con el papel, pero en la realidad no se les asigna un lugar. Esa es una de las conclusiones de una organización que tiene como objetivo informar sobre las prácticas gubernamentales que impactan en la garantía de los derechos de los mexicanos.

En este caso, dos derechos fundamentales estarían sujetos a nocivo trato, el de la libre expresión y el de acceso a la información.

Lo ideal sería, proponen en el documento, diseñar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas en materia de publicidad oficial. Avanzar hacia la regulación es un pendiente de la actual administración, rezago inaugurado en las páginas del llamado Pacto por México firmado en 2012, al que se define como paso obligatorio para “terminar con las prácticas discrecionales y opacas que caracterizan los contratos de publicidad oficial”.

De 2013 a 2016 la administración de EPN ejerció más de 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial; en el desglose por anualidad, el monto depositado en cuentas mediáticas aumentó en un 31.21 por ciento, pasó de 8 mil 154 millones a 10 mil 699 millones de pesos.

El centro también encontró un constante sobrejercicio de efectivo público en espacios de publicidad. En total, el gobierno federal ha gastado un 71.86 por ciento por encima del monto aprobado por la Cámara de Diputados para este rubro, es decir 15 mil 162 millones de pesos adicionales.

En la distribución por tipo de medio, aparece a la cabeza la televisión con 12 mil 705 millones de pesos (35 por ciento), seguido de la radio y sus 6 mil 939 millones de pesos (19 por ciento). En tercer lugar aparecen los medios impresos con un 17 por ciento, equivalente a 6 mil 153 millones de pesos.

Comparado con los otros medios, el Internet se lleva una cantidad 'marginal' que oscila entre un cinco y un siete por ciento, es decir, entre 470 millones y 720 millones de pesos.

En el lapso analizado los proveedores con mayores ingresos por contratos publicitarios con el gobierno fueron Televisa, con 17.07 por ciento, y TV Azteca, con el 9.87 por ciento. Completa el podio Estudios Churubusco (3.34 por ciento).

Luego aparecen la agencia de publicidad Starcom Worldwide (3.15 por ciento), El Universal (2.69 por ciento) y Grupo Fórmula (2.64 por ciento).

Estos seis nombres concentran concentran el 38.81 por ciento del total, 14 mil 073 millones de pesos de lo gastado por la administración federal para promocionarse.

En 2016, de 1163 proveedores en publicidad, apenas una decena de razones sociales concentra el 49 por ciento del gasto.

Ese mismo ejercicio es el ejemplo más abultado de una “fuerte disparidad” entre el presupuesto aprobado por los legisladores federales y lo que se fue a las cuentas mediáticas: se autorizaron 4 mil 580.46 millones de pesos, pero se ejercieron 10 mil 698.89 millones de pesos para una variación a la alza de 133.58 por ciento.

En los cuatro primeros años del gobierno de EPN se gastó un 71.86 por ciento más de lo que se había presupuestado, es decir 15 mil 162 millones de pesos adicionales.

CLAVES

En Fundar reiteran que del manejo del gasto en publicidad están ausentes tanto la rendición de cuentas como las justificaciones para el aumento desmedido del presupuesto. Otras certezas: hay un déficit de claridad a propósito del uso y destino de los recursos públicos, y es evidente la mala planeación del gasto ya que se ejerce la mayor parte de la publicidad oficial en los últimos meses del año.

En la organización señalan la importancia de recordar que “tanto en televisión como en radio, el gobierno federal dispone de tiempos gratuitos (tiempos oficiales) para anunciarse”.

La justa electoral de este año también tiene lugar en el análisis ya que “podrían generarse considerables incrementos en comunicación social pese al contexto de crisis de las finanzas públicas”.

Ante la polémica generada por el documento, Fundar emitió un comunicado en el que se comenta que comprar o adquirir publicidad en medios es una práctica a la que recurren la mayoría de los gobiernos de América y demás continentes. En el caso particular de México, “A lo largo de dos sexenios, Fundar ha documentado como la ausencia de control, normas, rendición de cuentas y topes transforma la publicidad oficial en un arma al servicio de la censura”.

Conforme a lo expuesto por el Centro de Análisis e Investigación, para la administración federal, en materia de publicidad oficial, austeridad significa su opuesto y libre expresión, más que a contar lo bueno, se asemeja a callar.

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Foto: Multiradio Digital

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