Han transcurrido 16 años desde que México registrara un alza de precios tan pronunciada como el año pasado. La inflación general en 2017 fue de 6.77%, no vista desde mayo de 2001 al alcanzar 6.95%. Lo anterior se explica por la depreciación acumulada del tipo de cambio del peso frente al dólar y los incrementos en los energéticos.
La depreciación acumulada del tipo de cambio fue un factor contingente que impactó en los precios relativos de la economía. Esta perturbación se originó por la caída de los precios del petróleo iniciada en 2014 y se acentuó en 2017 por la incertidumbre de la relación bilateral entre México y Estados Unidos (renegociaciones del TLCAN, noticias y comentarios de autoridades estadounidenses sobre su política migratoria y de seguridad, entre otros).
Los energéticos mostraron una inflación de 17.69%. Su incidencia en la inflación general es innegable, ya que osciló entre uno y un punto y medio porcentual del INPC.
Los choques no previstos en el precio de gasolinas, gas natural y LP se explican por la depreciación y sus niveles de importación.
El precio de las gasolinas registró una inflación de 17.46% en la de bajo octanaje y de 22.62% en la de alto. Su liberalización gradual iniciada el 30 de marzo pasado trasladó al consumidor los efectos de la volatilidad cambiaria, acentuados al importar en promedio 70% de las gasolinas consumidas (78% en noviembre).
El gas natural tuvo una inflación de 8.48% anual; pero en febrero tuvo su mayor alza ubicándose en 31.12%. El volumen importado en 2017 fue en promedio de 65% de las ventas totales (71% en febrero).
El gas LP registró una inflación de 44% anual; aunque se mantuvo estable en el año, a partir de agosto presentó los mayores incrementos debido al mercado de gas LP de Mont Belvieu (referencia de EU hacia el resto del mundo); su precio pasó de 0.6 dólares por galón en julio a un dólar en noviembre, lo que impactó en su volumen de importación que en promedio fue de 25% (36.8% en octubre).
Alineado a la normalización de políticas monetarias en economías avanzadas y las presiones inflacionarias en el país, el Banco de México modificó la Tasa Objetivo para anclar las expectativas de inflación en el mediano y largo plazo. Banxico inició el proceso de ajuste en diciembre de 2015 y hasta 2016 movió la tasa de 3% a 5.75% (cinco ajustes observados).
En 2017, la tasa cerró en 7.25% producto de cinco ajustes; sin embargo, la inflación no responde a las medidas, ¿requerirá mano dura?
Si bien el combate a la inflación es competencia del banco central, parece que los fundamentales económicos del país en materia energética están fuera del alcance de la política monetaria y responden más bien a la efectiva ejecución de la reforma energética.
En una economía de mercado, en lugar de regular los precios debemos generar las condiciones para su sano desarrollo a través de la inversión. Para ello, el correcto articulado de un marco legal y el fortalecimiento de las autoridades reguladoras, son la solución.
Las medidas instrumentadas han sido el monitoreo de precios, pero sobretodo, su oportuna publicación y difusión. La información asimétrica es un fallo de mercado y, disponer de los precios permite a los consumidores elegir a los mejores oferentes en precio/calidad. Adicionalmente, es nuestro derecho y responsabilidad reportar los abusos en incrementos injustificados para que sean sancionados.
La inflación debilita el crecimiento económico y la creación de empleos, altera la asignación eficiente de recursos y distorsiona el sistema de precios; pero afecta más a las personas porque pauperiza los salarios, reduce su poder de compra e impacta en calidad de vida.
La inflación es un impuesto regresivo que afecta más a los que menos tienen y por ello debe combatirse. Es responsabilidad del Banco de México que converja a su objetivo de 3% anual con intervalo de variación de +/-1%, pero en tanto no se estabilicen los precios en los energéticos, en Consultores Internacionales lo vemos poco viable. En materia energética, le compete a las autoridades la generación de condiciones para el sano desarrollo de un mercado naciente; y es nuestra responsabilidad como consumidores, seleccionar al mejor oferente y reportar abusos a partir de contar con información oportuna de los precios.
