Alejandro Gutiérrez se encuentra bajo prisión preventiva desde el 21 de diciembre pasado por el juez de control del Distrito Morelos del Tribunal Superior de Justicia en la citada entidad federativa, por el delito de peculado agravado. (ARCHIVO)
Antonio Collado Mocelo, abogado defensor de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, presentó ante la CNDH una queja por violación a los derechos humanos de su cliente, debido a presuntos actos de tortura sufridos en el Centro de Readaptación Social Estatal Número 1, del estado de Chihuahua.
Alejandro Gutiérrez se encuentra bajo prisión preventiva desde el 21 de diciembre pasado por el juez de control del Distrito Morelos del Tribunal Superior de Justicia en la citada entidad federativa, por el delito de peculado agravado.
En el documento presentado este lunes ante el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el abogado defensor narró que en diversas ocasiones han entrado personas que de manera violenta le dicen que se “agache”, que “no levante la cabeza” y tomándolo de los brazos lo jalan mientras le dicen “camina, apúrate”.
Ello, agregó, al tiempo que lo empujan, llevándolo a lo que su representado ubica como el lugar de la enfermería del penal, en el cual le dicen que siga agachado y, pegándole en la cabeza, le mencionan que no puede ver, que cierre los ojos y que no se enderece.
En un comunicado, Collado Mocelo expuso en la queja que una vez disminuido y agachado por varios minutos, le han dicho “que ya coopere, que mencione que Beltrones y Videgaray fueron los que organizaron todo, que si no lo hace lo van a tener ahí guardado por años, que piense en su familia, ya que lo pueden mandar al área de población general, donde se encuentran personas muy peligrosas de diferentes bandas delictivas”.
Según el litigante, el último atropello ocurrió la medianoche del domingo 14 de enero, cuando cuatro custodios del penal ingresaron a su celda, pretendiendo realizar una diligencia sin la presencia de su abogado defensor, por lo que se opuso por tratarse de una arbitrariedad.
De acuerdo con Collado Mocelo, a su cliente se le somete durante todo el día a vigilancia a través de una cámara de videograbación instalada en su lugar de reclusión, amén de que tiene una lámpara prendida que jamás se apaga, lo que le impide descansar y estar tranquilo, con que se afecta su salud física y mental.
En su documento, el abogado defensor apuntó que ante esos hechos y por considerarse que lo anterior son actos de tortura, proscritos constitucionalmente por el Artículo 22, queda acreditada una flagrante violación a los derechos humanos de su defendido.
Collado Mocelo pidió a la CNDH que investigue al respecto y se ponga a salvo a su representado, además de solicitar al ombudsman nacional que admita a trámite la queja que se promueve y que emita recomendación a las autoridades correspondientes.
