'Mi postura ha sido la misma, respetar el Estado de Derecho y que no haya impunidad para las personas estén o no estén en el gobierno', dijo Miguel Riquelme. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El gobernador Miguel Riquelme manifestó su postura respecto a los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en cuanto a que la administración de Rubén Moreira no justificó 410 millones de pesos destinados al pago de bienes y servicios de diferentes empresas.
Dijo que se dio instrucciones para que se brinden todas las facilidades a la administración anterior y entren en la fase de solventación respecto a los señalamientos que se hicieron.
"Mi postura ha sido la misma, respetar el Estado de Derecho y que no haya impunidad para las personas estén o no estén en el gobierno".
Son temas desgastados y se tienen que desahogar en el contexto legal no el mediático como se hace. "Yo no defiendo a nadie yo inicio mi gobierno, trabajaré de manera transparente y generaré las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos".
Según la ASE, la administración estatal de Rubén Moreira (2011-2017) no justificó ni comprobó 410 millones de pesos destinados al pago de bienes y servicios de diferentes empresas, de acuerdo con un informe especial realizado a petición del Congreso del Estado.
En el informe la ASE señala que derivado de la falta de comprobación y documentación, "así como información insuficiente para la justificación del pago o contratación de las empresas, se desprenden 179 observaciones por el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o de otras disposiciones normativas, (y) se integran 136 observaciones que en suma dan la cantidad de 410 millones de pesos".
