En desacuerdo. Pese a huelgas y protestas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del oficialismo. (EFE)
La huelga general convocada por la mayor central sindical de Argentina contra la polémica reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno culminó ayer tras 24 horas protagonizada por masivas protestas, aeropuertos paralizados y enfrentamientos violentos entre Policía y grupos de encapuchados.
Pese al paro, el rechazo político y los sucesos que dejaron casi 200 heridos y decenas de detenidos, tras 17 horas de debate la Cámara de Diputados aprobó con 127 votos a favor, 117 en contra y dos abstenciones el proyecto del oficialismo, que cambia la fórmula para calcular las prestaciones sociales y que, según la oposición, afectará a 17 millones de personas.
La ley que se aplicaba hasta ahora establecía un ajuste semestral con base en una mezcla entre la recaudación de la Seguridad Social y la variación salarial, mientras que el nuevo mecanismo fija que será trimestral y se calculará 70 % con base en la inflación y 30 % con base en aumentos de sueldos.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), con la nueva fórmula en diciembre de 2019 habrá una jubilación 8 % más baja que con la anterior y sólo el próximo año supondrá un ahorro fiscal para el Estado de 72.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares actuales).
BONO DE COMPENSACIÓN
El Gobierno argentino aprobó ayer un decreto que contempla la concesión de un bono único de compensación para los pensionistas, tras una reforma del sistema de pensiones con el que pretende ahorrar en gasto público.
La medida beneficiará en marzo a unos 10 millones de ciudadanos argentinos, con unos montos que oscilan entre los entre los 375 y 700 pesos (21 y 39 dólares).
Podrán acogerse a esta medida todos los jubilados con una pensión por debajo de los 10.000 pesos (561 dólares), el 72 % de los casi siete millones que hay en el país; o los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que engloba a unos cuatro millones de niños.
Con esta medida, se pretende compensar el dinero que dejarían de ganar los jubilados en marzo, el momento del cambio de sistema.
