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Legalizan 'ejército policía'

CONGRESO DE LA UNIÓN CONSUMA PROCESO PARA EXPEDIR LA POLÉMICA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrá solicitar la intervención de la Federación ante problemas de seguridad y obtener una Declaratoria de Protección. (ARCHIVO)

La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrá solicitar la intervención de la Federación ante problemas de seguridad y obtener una Declaratoria de Protección. (ARCHIVO)

EL SIGLO DE TORREÓN-AGENCIAS

A pesar de los exhortos de asociaciones civiles nacionales y organizaciones internacionales, como la ONU, el Congreso de la Unión consumó ayer el proceso para la expedición de la Ley de Seguridad Interior con la cual se legalizan y perpetúan las labores policiales de las Fuerzas Armadas en México. Ya sólo falta que el presidente de la República la promulgue.

Con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó ayer el dictamen con las modificaciones enviadas por el Senado y lo envió al Poder Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.

Con esta decisión, que llegó tras 16 horas de debate en el pleno del Senado, el Congreso aprobó finalmente la Ley de Seguridad Interior en el día en que cierra el último periodo de sesiones del 2017.

Militares y marinos asumieron tareas de seguridad pública en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrá solicitar la intervención de la Federación ante problemas de seguridad y obtener una Declaratoria de Protección.

Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, mismas que no podrán exceder de un año, pero tienen la posibilidad de prorrogarse si hay justificación.

Si las amenazas a la seguridad interior representan un "grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones", el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, explicó el Senado.

Pero dentro y fuera del ámbito político, la medida ha levantado una enorme controversia, ya que mientras para algunos es una manera de regular el papel de los militares en unas actividades que llevan desempeñando desde hace una década, para otros se perpetúa su presencia en las calles en un país donde ya suman 150,000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30,000 los desaparecidos.

Además, defensores de los Derechos Humanos advierten que la nueva ley es ambigua en sus términos, carece de controles y sistemas de rendición de cuentas, por lo que abre la puerta a la opacidad, la discrecionalidad y la violación de garantías.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de "lamentable" la aprobación, y apeló a reforzar los cuerpos de policía.

Organizaciones de la sociedad civil exigieron al presidente Enrique Peña Nieto ejercer su facultad de veto sobre la Ley de Seguridad de Interior y legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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