Desde hace tres años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene insistiendo en la propuesta de que México implemente un Consejo fiscal no partidista con mandato formal para evaluar la política fiscal y la responsabilidad presupuestaria.
La última vez, sucedió el 13 de noviembre cuando se dio a conocer el comunicado de prensa y el Reporte del Staff de las Consultas 2017 del Artículo IV con México. El asunto pasó desapercibido en los medios porque el tema sólo se mencionó en el reporte y es una recomendación que las autoridades financieras ya habían rechazado anteriormente.
En un buen artículo hace tres días en estas páginas, Alfredo Coutiño (Moody→ s) argumentaba por qué estaba en contra de la recomendación y se pronunciaba porque se asignara una Regla Fiscal Estructural por mandato constitucional.
Esta colaboración tiene por objeto hacer una llamado para que se reconsidere dicha propuesta, porque en momentos posteriores sí podría ser favorable; en contrapartida, una regla como la propuesta puede ser una camisa de fuerza, que no le permitiría a un gobierno enfrentar una emergencia como la ocurrida con la Gran Recesión en 2008-2009.
Primero citemos lo que dice el organismo, así como la respuesta que dio el gobierno mexicano, advirtiendo que es una traducción libre porque no hay una versión oficial en español:
22. Un consejo fiscal no partidista, adecuadamente financiado con mandato formal para proporcionar una evaluación independiente de la política fiscal que ayudaría a apoyar los compromisos gubernamentales para la responsabilidad presupuestal.
Para revisar los pronósticos macroeconómicos, monitorear las finanzas públicas, asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales e informar al público sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluyendo aquellas de los gobiernos subnacionales, tal institucional fortalecería los debates de la política fiscal e incrementaría la rendición de cuentas.
Las autoridades respondieron que el gobierno ya había demostrado su credibilidad al consistentemente deliberar sobre sus compromisos fiscales y responder la necesidad de un escrutinio externo, dado el gran número de bancos, agencias calificadoras de crédito y otras instituciones académicas y no académicas que ya han analizado las finanzas públicas de México.
Desde su punto de vista, sería más importante fortalecer la capacidad del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso, mientras se asegura que no sea partidista en sus evaluaciones.
Lo primero que quisiera destacar, es que el organismo ha mantenido la sugerencia, sin por ello quitarle mérito al gobierno mexicano en el proceso de consolidación fiscal anunciado en 2013 al mejorar el balance fiscal global, así como el indicador de deuda bruta pública sobre el PIB, ante un persistente crecimiento de la deuda que al parecer se está frenando.
Ello podría deberse no a la necedad del Staff, sino a que percibe que existe un elevado riesgo político de que un nuevo gobierno, varié las políticas fiscales implementadas.
Recordemos que cuando se dio la alternancia del 2000, no hubo cambios relevantes en la misma, tampoco cuando el PRI regresó en 2012, porque fue básicamente el mismo equipo el que se mantuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares compartían un enfoque; sin embargo, no se tiene certeza de que ello vaya a pasar en 2018.
Un consejo fiscal independiente tiene que ver con dos problemas de fondo, independientemente de lo que ocurra a futuro: que los organismos existentes están capturados por el partido en el gobierno, por lo que no hay un ejercicio real de contrapesos, y; porque la cultura autoritaria que prevalece en México no permite realizar debates públicos sobre los temas públicos relevantes, más bien se han querido imponer consensos, descalificando las voces disidentes. Una fuerte opinión de grupo de los economistas oficiales no permite críticas, así sean de premios Nobel.
Adicionalmente, el Staff considera que la corrupción es percibida como alta y generalizada, aunque espera que las recientes reformas puedan mitigarla algo, pero el balance del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y de las organizaciones de la sociedad civil que han presionado no es muy alentador al respecto.
Afortunadamente, gracias a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite tener déficit presupuestario en ciertas circunstancias (artículo 17), México pudo enfrentar la crisis financiera ocasionada por la Gran Recesión, desplome de los precios del petróleo o diversos desastres naturales.
Una regla como la que se propone, implicaría negarle a un gobierno la adaptabilidad a las circunstancias adversas, lo que no me parece socialmente responsable ni conveniente.
Sin embargo, lo que preocupó al FMI y a los analistas es que el proceso de consolidación fiscal tardó demasiado en realmente funcionar y a que costo.
El Gobierno con tal de ganar la discusión de que con la reforma energética no subirían los precios, elevó enormemente los subsidios dañando las finanzas de las paraestatales, lo que el organismo cuestionó en la Consulta del 2015.
El gasto en inversión se ha desplomado, por ejemplo, el mantenimiento preventivo de las carreteras federales ha caído abruptamente, por lo que los costos de reparación futuros serán más elevados.
