Defensa. Cristina Fernández se definió como víctima de una 'persecución' y definió como un 'exceso' y que un juez la procesara. (EFE)
Un juez ordenó ayer detener a la expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutual judía en 1994, para lo que pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.
Según fuentes judiciales, el magistrado federal Claudio Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a quien fuera jefa de Estado de 2007 a 2015, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención al considerar que puede entorpecer la causa. También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos.
La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores. El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue asesinado.
Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral. En un dictamen de casi 500 páginas, Bonadio dictó ayer otros procesamientos a Carlos Zannini y el sindicalista Luis D'Elía.
Orden es un 'exceso'
La expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández se definió como víctima de una "persecución" y definió como un "exceso" y una violación del estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutual judía en 1994.
"Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo para perseguir a la oposición", expresó la exmandataria.
