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Empresarios peruanos son recluidos en penal

Capturados. De izquierda a derecha: Fernando Castillo (ICCGSA), Fernando Camet (JJC), Hernando Graña (GyM) y José Graña (GyM) fueron internados en el penal Ancón I. (Especial/@Poder_Judicial_)

Capturados. De izquierda a derecha: Fernando Castillo (ICCGSA), Fernando Camet (JJC), Hernando Graña (GyM) y José Graña (GyM) fueron internados en el penal Ancón I. (Especial/@Poder_Judicial_)

EFE

Los cuatro empresarios peruanos denunciados por los sobornos de la brasileña Odebrecht fueron recluidos ayer en el penal Ancón I para cumplir con la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

La Junta Clasificatoria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió que José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, de la firma Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, de la empresa JJCamet; y Fernando Castillo Dibós, de la compañía ICCGSA, cumplan la detención en el régimen cerrado especial en el penal Ancón I, a unos 100 kilómetros al norte de Lima.

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 18 meses de prisión preventiva contra los cuatro empresarios peruanos y contra Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero, que cumplirá la detención en una clínica de Lima, después de que su abogado afirmara que padece de cáncer.

En su resolución, Concepción Carhuancho consideró que los empresarios habrían coordinado de manera "subrepticia" con Odebrecht para entregar sobornos y adjudicarse los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Añadió que se habrían presentado "pactos por debajo de la mesa", para "reembolsar" a Odebrecht parte del dinero de un presunto soborno entregado a Toledo.

El juez señaló que en este caso había evidencias de la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos, con acusaciones que implican posibles condenas de 6 a 11 años de cárcel. Durante la audiencia judicial, que se desarrolló desde la tarde del domingo y cuya parte resolutiva comenzó pasadas las 03.00 horas de ayer, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro aseguró que, con su decisión, el juez demostraría si la ley en Perú es igual para todos.

Castro explicó que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica cedieron parte de sus utilidades a Odebrecht como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que supuestamente entregó a Toledo.

"Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego", afirmó el fiscal antes de agregar que "se ha determinado con pericias contables que estas empresas cedieron más de 41 millones de soles de sus utilidades bajo la facha de riesgos adicionales".

"Eso equivale a 15 millones de dólares", enfatizó.

Castro recordó que el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró haber tenido los primeros contactos con allegados a Toledo en 2004 y que al año siguiente se dio inicio al pago del soborno, en varios tramos, después de la adjudicación de la obra.

Durante la audiencia, los abogados de los empresarios entregaron pasaportes, documentos personales y otro tipo de documentación a la sala para intentar demostrar que sus defendidos no tenían intención de fuga y que colaborarían en las investigaciones.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos de Toledo, con orden de captura por presuntamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.

Kuczynski no recibirá a comisión

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró ayer que no recibirá a una comisión del Congreso que investiga los casos de corrupción Lava Jato en el país e informó que solo responderá por escrito a las consultas que le hagan llegar.

"Hoy reiteré mi total disposición de responder a la Comisión Lava Jato. Lo haré por escrito y envío dos informes que reafirman que no estoy obligado por la Constitución a comparecer ante ninguna comisión investigadora del Congreso durante mi mandato", señaló el gobernante en un mensaje publicado en sus cuentas en redes sociales.

La comisión intentaba interrogar a Kuczynski sobre su etapa como ministro de Economía durante el mandato del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Sus miembros también expresaron en los últimos días la intención de preguntar al gobernante sobre informaciones periodísticas que indicaron que fue consultor de Odebrecht y recibió financiación para sus campañas electorales.

Kuczynski adjuntó hoy copias de los documentos que envió a la presidenta de la comisión legislativa, la fujimorista Rosa Bartra, para reiterarle que la Constitución lo exceptúa de responder a cualquier investigación por la inmunidad con que cuenta.

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Escrito en: Odebrecht Perú inpe

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