Gasto. Pemex gastó en una planta que tenía más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad. (AGENCIA REFORMA)
Los mexicanos no podrán conocer las condiciones en que se encontraba la planta de Agro Nitrogenados que adquirió Pemex en 2013.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) clasificó como confidencial dicho expediente.
El argumento fue que Pro Agro Industria, la filial de Pemex que hizo la compra en 2013 por un sobre costo de 275 millones de dólares (3 mil 575 millones de pesos de aquel entonces) es ahora un sujeto de derecho privado, derivado de la reforma energética.
El diario Reforma publicó cómo la ahora empresa gastó en esa planta para producir urea, cuyas instalaciones y maquinaria tenían más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad.
El pleno del INAI determinó ayer que tanto el avalúo hecho a la planta por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) como el reporte de evaluación de las instalaciones realizado por Pemex Petroquímica son expedientes confidenciales.
El organismo hizo suyo un argumento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) --que fue la primera entidad que negó el acceso a los documentos-- en el sentido de que la filial Pro Agro Industria es ahora un sujeto de derecho privado.
Aunque votaron a favor, los comisionados del INAI Óscar Guerra y Areli Cano presentaron votos particulares para explicar que Pro Agro Industria no debe considerarse una empresa moral de derecho privado, ya que recibe recursos de Pemex.
"Considero que no es aplicable (la clasificación) en virtud de que existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público", señaló Cano al razonar su voto.
A favor también votaron los comisionados Ximena Puente, Rosendoevgueni Monterrey y Francisco Javier Acuña. Se ausentaron Patricia Kurczyn y Joel Salas, pues estaban en una comisión oficial.
Alejandro González, miembro de la sociedad civil en el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, calificó la resolución como preocupante, pues sienta un precedente que considera que las empresas productivas del Estado no son sujetas del derecho de acceso a la información.
"Me parece que se buscan argumentos muy dudosos al considerar que los recursos de Pemex, incluso previos a la reforma energética, no son recursos públicos. Si los recursos de Pemex no son recursos públicos, entonces, qué son", cuestionó.
El deterioro de la planta fue confirmado por la ASF en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, que refirió el avalúo hecho por el Indaabin, en el cual se estableció que el 60 por ciento del equipo era inservible.
