La Red Lagunera contra Impunidad y la Corrupción y la Alianza Anticorrupción en Coahuila, entregó una carta tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al Instituto Nacional Electoral, en la que exponen su necesidad de una audiencia con magistrados y consejeros, respectivamente, al considerar que la sentencia que emitió el Trife el 5 de octubre sobre los gastos de campaña en Facebook de la coalición "Por un Coahuila Seguro" que encabezó Miguel Riquelme, ahora gobernador electo, fueron laxas y poco exhaustivas.
La carta se entregó el jueves, en la que se presentan los argumentos e inquietudes de las organizaciones que integran ambos movimientos.
Se trata de diecinueve organizaciones de la sociedad civil de Coahuila, quienes anunciaron el pasado martes la solicitud de esta reunión para entablar un diálogo con los funcionarios que están encargados de atender las impugnaciones de partidos y candidatos, fiscalizar y calificar la elección para gobernador en la entidad.
Los organismos que firman la carta se mostraron preocupados, esencialmente por la aplicación de criterios laxos y poco exhaustivos en la fiscalización y dictamen que se emitió en octubre sobre el gasto en Facebook de la Coalición por un Coahuila Seguro.
Los solicitantes esperan reunirse en los próximos días con los magistrados y consejeros "en un ejercicio democrático que genere certeza sobre las instituciones electorales y legitimidad al resultado en Coahuila, de cara a los comicios de 2018", señalan los integrantes.
