Muestran rezagos en la procuración

Durango supera a Coahuila en el "Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías", que mide la capacidad de cada entidad para desarrollar el potencial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Con base en la medición de siete variables organizadas en tres temas - estructura, operación y resultado-, Durango obtuvo un índice que ronda 50% y coloca al estado en el lugar 14. Coahuila, a su vez, está por abajo de ese porcentaje que lo ubica en la posición 23.

No obstante, en Coahuila es más probable el esclarecimiento de un delito que en Durango, por lo que en este rubro ocupa el segundo lugar nacional, sólo después de Nayarit. Durango a su vez está en el puesto 5, por abajo también de Guanajuato y Nuevo León, que ocupan las posiciones 3 y 4, de acuerdo con el índice.

El índice advierte que la probabilidad en México de que se cometa un delito y llegue a esclarecerse es de 0.89%, pero en Coahuila y Durango el porcentaje es de 3.5% para el primero y de casi 2% para el segundo, con lo cual superan a 17 estado que están por debajo de la media nacional.

En esas entidades "es más probable que una persona que participe en el sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional obtenga doble reintegro acertando a su signo y su dígito (una probabilidad de 0.83%, es decir, uno de cada 120), que se esclarezca un delito cometido".

DEBAJO DE LA MEDIA

Ni Coahuila ni Durango destacan en los indicadores básicos para el buen desempeño del SJPA. Entre ellos el número de ministerios públicos de competencia local por cada 100,000 habitantes. Allí ocupan los lugares 15 y 16 de la tabla con índices que están por abajo de 10 MP por cada 100,000 habitantes.

Los dos estados todavía está lejos del primer lugar de Chihuahua, donde hay 23.7 MP por cada 100,000 habitantes, pero su situación no es la de Sonora, último en la tabla, donde no llegan ni siquiera a 5 MP, de acuerdo con el índice, que publicó este martes Impunidad Cero y que elaboró Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en derecho con especialización en sociología del derecho por la UNAM y director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho.

En el indicador de presupuesto per cápita de justicia, Durango está dos lugares por arriba de Coahuila, pero ninguno destaca particularmente. Coahuila roza los 200 pesos per cápita y Durango apenas supera esa cifra, por lo que están a la mitad de esta tlaba que, de nuevo, encabeza Chihuahua con un gasto de 1,079 pesos por habitante.

En Durango el tiempo de espera promedio para denunciar un delito ronda la media nacional de 134 minutos, mientras Coahuila supera los 150 minutos. El líder de la tabla en este indicador es Guerrero, donde el denunciante debe esperar hasta 212.06 minutos, mientras en Chihuahua el tiempo promedio está por abajo de los 100 minutos.

Durango, sin embargo, es último en la tabla, en el indicador de efectividad en la resolución de averiguaciones previas con un índice de apenas 3.5%. En Coahuila, por su parte, el índice llega a 19.1%.

Este indicador, explica el documento, es el agregado de ambos sistemas (el mixto y el penal acusatorio) y se obtuvo a partir de la cantidad de investigaciones efectivamente concluidas por ambos sistemas, entre el total de investigaciones iniciadas y pendientes del año anterior, también de ambos sistemas.

"En general, la tasa nacional de efectividad en la conclusión de averiguaciones previas (la investigación criminal para determinar si hay o no un delito que perseguir e identificar, en su caso, al probable responsable) presentó una tendencia decreciente desde que se mide este indicador, pues de 23% en 1999 se presentó un descenso consistente hasta llegar a 10.2% en 2016.

 FALTA CAPACITACIÓN

El documento anota que Coahuila, junto con San Luis Potosí, Chiapas, Sonora y Colima, destaca en averiguaciones previas efectivamente concluidas, con más de 19%, "más de la mitad de esos casos resueltos mediante la acción penal contra un probable responsable".

El índice subraya de manera particular que en Coahuila 40% de las carpetas de averiguación iniciadas concluyen con la decisión del MP de abstenerse de investigar, mientras en Durango ese índice es de 9.6%, con lo cual ocupan el primero y segundo sitio de la tabla.

En el análisis de la información se advierte que la determinación de abstenerse de investigar, cuando es muy frecuente puede significar una mala capacitación en el personal encargado de recepción y atención a usuarios, por ejemplo, que al exponer el denunciante o querellante los hechos, se advierta que no se trata de un delito.

"Admitir en sede penal hechos tan evidentemente no delictivos (para los que se contempla la gura de la abstención de investigar) genera expectativas en los denunciantes, retrasa el acceso a la justicia y mina la legitimidad de las procuradurías ante la población".

El documento también advierte que es necesario que los estados sean cuidadosos con la aplicación de las medidas alternativas, pues estarían utilizándolas como una especie de "desestimación" que podría revictimizar a los denunciantes.

"Sería un contrasentido, en un país en el que el crecimiento de la cifra negra (delitos que no se reportan) es galopante, pedir a las personas que denuncien para después desestimar o desechar sus reportes", dice el documento.

Otro de los indicadores considerados en la evaluación de las procuradurías es el porcentaje de órdenes de aprehensión obtenidas por las fiscalías, que son ejecutadas y cumplidas. "Esta información permite analizar si los casos presentados ante los jueces sin detenido se traducen en capturas y procesos penales, así como la efectividad de la policía ministerial", dice el documento. El indicador nacional es de 45%, pero en Coahuila el indicador está por arriba del 65% y en Durango en 50%, de acuerdo con el índice.

A modo de conclusión, el documento expone que en términos generales "es claro que los estados que dedican más recursos, y que están desarrollando el potencial de la justicia alternativa, las buenas prácticas y modelos de gestión que les permiten mayor capacidad de esclarecimiento, presentan un desempeño sobresaliente".

Destaca a Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Baja California, donde "se concentra la mayor parte de las buenas prácticas para desarrollar el potencial y alcanzar los objetivos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.