Sin castigo. Los casos de tortura por autoridades y en prisión siguen en aumento. (AGENCIA REFORMA)
Austreberta Cazales continúa preguntándose a diario qué es lo que vive. Se despierta, hace el desayuno. Da abrazos, besos y buenos consejos a sus nietos. Camina, come, duerme y va a trabajar. Entre el alba y la puesta de la noche, piensa en los días en que para ver a sus hijos bastaba con tomar su auto, cruzar algunos semáforos y llegar a sus casas. Se ha vuelto lejano el recuerdo de la última vez que estuvieron juntos, aunque lo añora.
Es por eso que la fotografía de aquel 10 de mayo de 2011 en la que aparece con ellos la ha replicado tantas veces que se convirtió en una bandera de devastador significado: injusticia, impotencia y soledad. Para ella los días se convirtieron en la misma prisión de sus hijos desde el 8 de junio de 2011.
Seis años, cinco prisiones, un sólo proceso sin sentencia y 40 pruebas presentadas -12 contra sus hijos-. Violación, tortura y golpes, muchos golpes. Una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]. Esas son las palabras que repite cuando habla de estos años sin ellos.
De no ser porque fue testigo de cómo un grupo de hombres vestidos de civiles -armados y con fusiles cuernos de chivo- tomaron a su hija por la fuerza y la subieron a un auto cuando iba a recoger a sus nietos al colegio, no lo creería.
