Proceso. En junio de 2015, la PGR creó el Protocolo homologado para la investigación del delito de tortura.
Pese a la publicación de un protocolo homologado, un acuerdo con directrices institucionales y la ley general contra la tortura, los médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) siguen encubriendo a agentes federales que cometen este delito.
De la comparación entre un dictamen oficial y uno independiente aplicados a la misma persona, de los cuales se tiene copia, se evidencia que los médicos de la PGR no contemplan un análisis del contexto de la tortura en México, no indagan más allá de lo contemplado en el expediente judicial y no consideran el relato de la víctima, elementos que sí establece el Protocolo de Estambul, que rige la práctica internacional.
El dictamen oficial determinó que la peruana Taylín Narda Meylín Clotet Wang, quien según la Policía Federal era una secuestradora detenida en Iztapalapa en 2014 en una casa de seguridad, no fue torturada, mientras que el análisis independiente establece lo contrario.
El Centro Prodh y Amnistía Internacional han documentado que en realidad Taylín fue sacada de su casa en Vallejo por policías federales, violentada sexualmente y golpeada hasta abortar, lo que no fue analizado en el dictamen oficial sobre tortura porque no se consignaron pruebas en el expediente.
Esto a pesar de que vecinos de Vallejo han declarado que observaron el operativo de la PF, mientras que reclusas del Cefereso 16 de Morelos aseguran que vieron a Taylín sangrar mucho del vientre.
Incluso un peritaje de la propia PGR realizado a los hijos de Taylín determinó que tienen afectaciones por presenciar los hechos de 2014, aunque según la PF Taylín fue sacada sin violencia de un lugar que no era su domicilio y donde no estaban sus hijos.
