Apertura. María Elena Morera pide que el nuevo fiscal venga de un procedimiento abierto y no de manera automática. (ARCHIVO)
El pase automático que PRI y PVEM pretenden garantizar al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que se convierta en nuevo Fiscal General de la Nación, minaría la legitimidad de la nueva institución, consideraron Marco Fernández y María Elena Morera.
Entrevistados por separado, el investigador y la activista coincidieron en que lo mejor es que el titular del nuevo organismo sea designado mediante un procedimiento abierto, en el que participe la sociedad, y se garantice que el mejor perfil ocupe el cargo. Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, aseguró que Cervantes no garantiza la autonomía ni la independencia de la futura institución, debido a su militancia priista.
"Fue una mala decisión, y así lo expresamos en su momento, nombrar como Procurador a un destacado militante partidista, que incluso ha litigado a favor de su partido cuando ha sido acusado su instituto político de violar la ley electoral, y que ahora se pretenda que sea Fiscal", dijo. Un ejemplo claro de cómo un perfil con antecedentes partidistas o de grupo no ayuda a la institucionalidad, señaló, es el caso Odebrecht, que en todos los países donde ha habido acusaciones se ha llevado ante los jueces a los señalados, menos en México.
Cervantes fue asesor jurídico de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y en el mismo equipo trabajó Emilio Lozoya, quien a la postre sería director de Pemex y quien ha sido acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos.
Morera consideró que la determinación del PRI y el PVEM de mantener el pase automático de Cervantes no le ayuda al mismo funcionario, quien, si desea contender, debería hacerlo en condiciones que permitan la participación de otros perfiles y mediante un procedimiento abierto.
