De un orden del día de 13 puntos de la sesión permanente, ocho estuvieron relacionados con el priista Miguel Riquelme y el panista Guillermo Anaya. (ARCHIVO)
Los diputados del Congreso de Coahuila protagonizaron ayer una "guerra de puntos de acuerdo" por supuestas irregularidades cometidas por los excandidatos a gobernador del PRI y del PAN.
De un orden del día de 13 puntos de la sesión permanente, ocho estuvieron relacionados con el priista Miguel Riquelme y el panista Guillermo Anaya.
El oficialista PRI presentó seis puntos relacionados con investigaciones contra panistas, lo que provocó confrontación en la Tribuna.
Una primera petición fue para la Procuraduría General de Justicia en el Estado para que investigue el posible uso de recursos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo en la campaña del excandidato Anaya, a partir de una nota periodística que señala que docentes y vehículos de la universidad fueron utilizados en un partido en el Territorio Santos Modelo para apoyar la campaña panista.
La segunda petición fue para la Procuraduría General de la República para que investigue una presunta red de tarjetas fachada que utilizó el PAN para desviar recursos a la campaña a través de un banco. Esta queja ya es atendida por el Tribunal Electoral y fue presentada en mayo por la Fundación Colosio.
Otra petición fue a la Procuraduría de Sonora para que investigue presuntos actos de corrupción y desvío de recursos en ese estado durante el gobierno de Guillermo Padrés. Esta denuncia fue interpuesta en abril, por Arciniega & Abogados contra Anaya, el senador Luis Fernando Salazar, y el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya.
Asimismo se pidió a la Procuraduría de Coahuila investigar a Anaya por realizar spots donde participan menores de edad.
La solicitud más fuerte que hizo el PRI, fue a la Procuraduría estatal para que investigue posibles nexos de Anaya con el narco.
Finalmente se pidió a la misma dependencia un informe general sobre el estatus que guardan todas las denuncias contra el PAN y sus candidatos. No se especificó el número de expedientes.
Por su parte, la bancada panista defendió a su partido y aseguró que la elección de gobernador estuvo llena de ilegalidades cometidas por el PRI, por lo que exigió al gobierno de Coahuila detener el proceso de entrega-recepción, al indicar que los tribunales no han reconocido al gobernador electo en Coahuila.
Jesús de León dijo que Miguel Riquelme y Rubén Moreira violan los artículos 24 y 27 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila y el artículo 167 del Código Electoral estatal. Comentó que aún no existe un gobernador electo "definitivo", sino que el proceso se encuentra en fase de impugnaciones.
Además, pidió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia que inicie los trabajos necesarios para realizar una consulta a la sociedad civil, sobre quién pudiera ocupar la gubernatura interina en caso de ser necesario, por los plazos constitucionales que serían rebasados por las actuales impugnaciones de la elección estatal.
Las propuestas realizadas por los panistas fueron rechazadas.
