A su vez, la Fiscalía había citado al exjefe de la Guardia Nacional (policía militarizada), general Antonio Benavides, para imputarlo por cargos de violación a los derechos humanos, pero la víspera el TSJ anuló la citación. (ARCHIVO)
as protestas contra el gobierno venezolano, que hoy cumplieron tres meses, han dejado 90 víctimas fatales, cuatro mil 658 personas encausadas y 70 más acusadas por las víctimas, informó hoy la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
Ortega, quien presentó los datos al rechazar un procedimiento que le inició el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para destituirla, precisó que en las protestas han muerto 90 personas, y hay cuatro mil 658 procesados no sólo por las muertes y las lesiones, "sino también por los daños a la propiedad pública y privada”.
Agregó que la Fiscalía ha investigado cada uno de los hechos que “han ocurrido durante estos meses de violencia”, en los que estado en vilo los derechos humanos, dijo, y puntualizó que ha tenido dificultades para hacer su trabajo, en especial en los casos que han sido transferidos a la justicia militar.
“El gran obstáculo ha sido la justicia militar, que para el Ministerio Público es un misterio, pero hemos realizado y ejecutado todo lo necesario para investigar los hechos punibles y determinar responsabilidades”, dijo la fiscal, quien desatendió un citatorio del TSJ.
A su vez, la Fiscalía había citado al exjefe de la Guardia Nacional (policía militarizada), general Antonio Benavides, para imputarlo por cargos de violación a los derechos humanos, pero la víspera el TSJ anuló la citación.
Benavides, ahora jefe del Gobierno de Distrito Capital, nombrado por el presidente Nicolás Maduro, es acusado de violaciones a los derechos humanos en más de 20 casos de las víctimas mortales en las protestas.
La Fiscalía también citó al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González, para imputarlo por violaciones de los derechos humanos durante las protestas.
Las protestas comenzaron el 4 de abril pasado, luego que el TSJ ordenó quitar a la Asamblea Nacional sus facultades legislativas en dos fallos que luego retiró, pero que la fiscalía consideró una ruptura del orden constitucional, y los diputados de oposición un golpe de Estado.
