Durante el año pasado, los costos monetarios del cumplimiento de las regulaciones en empresas se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).
De acuerdo con los datos de este ejercicio estadístico, realizado por primer vez en México, del total de las unidades económicas, en 20.2 por ciento se señaló que el marco regulatorio, es decir, aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad, representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48 mil 871 pesos por cargas administrativas y en la mitad de las unidades económicas o 50.9 por ciento se consideró que las cargas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o iguales de pesadas en relación con las de 2015.
Asimismo, en 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, lo que implica un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.
Los trámites por los que tuvieron la necesidad de acudir a instalaciones de gobierno fueron inicio o seguimiento de avertiguaciones previas (96.8 por ciento), conexión al sistema de aguas local (95.7) y apertura de establecimiento (94.9 por ciento de los casos).
En 64.6 por ciento de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4 por ciento se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7 por ciento se originan por la obtención de licencias o permisos.
Así, en 2016, los costos para las empresas por actos de corrupción ascendió a mil 600 millones de pesos, con un pago promedio por unidad económica de 12 mil 243 pesos.
El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Adrián Franco, precisó que quienes más recientes este tipo de actos fueron las medianas empresas, y que los estados de Quintana Roo, Tlaxcala y Morelos concentran 20 por ciento de las empresas víctimas de actos de corrupción.
En este contexto, el titular de la Secretaría de Economía (SE), lldefonso Guajardo, dijo que la encuesta del INEGI demuestra el compromiso de todos y abonará a observar y mediar para corregir los obstáculos en todos los niveles de gobierno, con el fin de apoyar el desarrollo y productividad de las empresas.
“La encuesta va a contribuir a afinar la puntería en todos los niveles de gobierno, en las diferentes áreas gubernamentales. Nos permitirá comparar la eficiencia de las diferentes entidades municipales, como receptores de inversión y receptores económico, no solo en el sector de regulación y tramitología, también en infraestructura productiva, servicios y seguridad”, expuso.
Además, dijo que también debe ser considerada la ley secundaria de Mejora Regulatoria en el próximo periodo de sesiones del Congreso, principalmente para construir el catálogo nacional de trámites y regulaciones, mejores prácticas y participación ciudadana.
Por ello, insistió, la encuesta presentada por el INEGI es más amplia, aunque ello no implica que el gobierno no tenga instrumentos para definir las estrategias en la materia; “hoy vamos a tener un instrumento más contundente y poderoso para crear una plataforma más homogénea”, argumentó.
El director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Mario Emilio Gutiérrez, dijo a su vez que los datos de la encuesta serán de vital importancia para afinar, perfeccionar y generar una política pública y programas de mejora regulatoria, que permitan mejorar la calidad de las leyes y contar con trámites simplificados y marco regulatorio más justo y transparente.
La encuesta se llevó a cabo del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016, a un total de 34 mil 681 unidades económicas a nivel nacional y por entidad federativa en los sectores de minería, manufacturas, construcción, electricidad, servicios, transportes, comercio y comunicaciones, pertenecientes al sector privado y 42 municipios y delegaciones estratégicos.
